Red Voces del Sur: el Estado venezolano concentra 72% de los ataques contra la prensa
Mientras que en 2024 el Estado venezolano protagonizaba la mitad de los ataques contra la prensa, siete de cada diez ataques contra periodistas fueron ejecutados por actores oficiales en 2025. Las agresiones verbales, escritas y digitales son los mecanismos predilectos de coacción
Este martes 12 de mayo, la Red Voces del Sur presentó su informe anual sobre la libertad de prensa, el cual analiza la situación de 17 países de América Latina y el Caribe.
El estudio «Cartografía del silencio» documentó un total de 2.484 alertas de agresiones que afectaron a 3.230 víctimas. De este número, Venezuela registró 88 alertas con 155 víctimas. Si bien estas cifras representan una reducción significativa frente a las 487 alertas reportadas el periodo anterior, el estudio aclara que este descenso no supone una mejora en las condiciones para la libertad de prensa. Por el contrario, la disminución responde a un fenómeno de autocensura.
La participación de actores del Estado venezolano en los ataques contra la prensa escaló de un 55,8 % en 2024 a 72,3 % en 2025. Las agresiones verbales, escritas y digitales se posicionan como el método de coacción más recurrente. Con 20 alertas documentadas (21,5 % del total), este tipo de ataques constituye el primer nivel de presión sobre el periodismo. La intencionalidad política queda al descubierto al analizar el origen de estas agresiones: el 71,4 % provienen directamente de actores estatales y un 14,3 % de grupos paraestatales.
El informe también muestra que durante el último año se ejecutaron 15 detenciones arbitrarias que involucraron a 16 profesionales de la comunicación. El régimen gobierno venezolano agravó esta arbitrariedad mediante la desaparición forzada (3 alertas) como mecanismo adicional de presión. En consecuencia, muchos trabajadores de medios optaron por reducir su exposición pública y quitar sus firmas para resguardar su integridad.
Paralelamente, el Estado impuso 11 restricciones en el acceso a la información, incluyendo el bloqueo selectivo a comunicadores en actos oficiales, episodios de intimidación y la criminalización de opiniones especializadas en materia económica.
Más allá de la represión directa, el informe advierte sobre la precarización del ecosistema mediático venezolano. La falta de financiamiento obligó a medios y organizaciones periodísticas a reducir drásticamente sus equipos y capacidades operativas, así como también empujó a profesionales a abandonar el oficio. Estas condiciones afectan particularmente al periodismo local, profundizando fenómenos como los desiertos informativos.
El panorama regional
Los principales hallazgos combinan agresiones físicas, verbales y digitales, con un aumento significativo del discurso estigmatizante, las restricciones de acceso a la información y el hostigamiento judicial contra medios y periodistas, entre otras formas de ataques directos e indirectos. Los países con mayor número de alertas registradas fueron Colombia (468), México (400), Argentina (278) y El Salvador (205).
La presión trae como consecuencia en un aumento alarmante de la autocensura y la expansión de las denominadas «zonas de silencio», especialmente en naciones bajo regímenes autoritarios, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde el periodismo independiente se practica al margen de la ley. Este fenómeno se ve agravado por el exilio de periodistas: Red Voces del sur registró 31 casos de desplazamiento forzado en los países analizados.
De igual modo, el documento muestra un registro de 23 periodistas asesinados, 9 más que en 2024, lo que representa una muerte violenta cada 16 días. México, Ecuador y Perú fueron los países más afectados por la violencia contra la prensa. La mayoría de las víctimas investigaban sobre corrupción, economías ilegales o crimen organizado y habían denunciado amenazas previas o contaban con medidas de protección.
Los actores estatales se consolidan como los principales responsables de la violencia al concentrar el 50,5 % de las agresiones registradas. Los métodos empleados por el poder público son diversos y van desde la difusión de discursos estigmatizantes y las restricciones sistemáticas al acceso a la información, hasta el uso del hostigamiento judicial como herramienta de censura.
El estudio revela que el Estado delega cada vez más el hostigamiento en grupos paraestatales y estructuras afines al poder. No obstante, las fuerzas de seguridad mantienen un rol protagónico en la represión física y en el cercenamiento de las coberturas periodísticas.
De igual modo, el informe documentó un total de 142 alertas transversales basadas en el sexo, un indicador que no suma una agresión adicional al conteo general, sino que identifica un componente de violencia diferenciada en incidentes ya registrados.
Este indicador se activa ante agresiones que incluyen cuestionamientos a la capacidad profesional por razones de sexo, comentarios misóginos, violencia sexual o ataques vinculados a coberturas sobre derechos de las mujeres. Su objetivo primordial es desacreditar a las periodistas y expulsarlas del debate público, mediante ataques que apuntan a su vida privada, apariencia física o integridad moral.
Ante el grave deterioro de las garantías para el ejercicio periodístico, la Red Voces del Sur demanda transformar los actuales mecanismos de protección en herramientas con verdadera capacidad operativa y presupuesto real, así como el cese inmediato de los discursos estigmatizantes emitidos desde las vocerías oficiales. Asimismo, el organismo subraya la necesidad de promover investigaciones independientes que logren romper el ciclo de impunidad en torno a los asesinatos de comunicadores, garantizando simultáneamente el acceso efectivo a la información pública.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
