Indígenas yekuana denuncian que garimpeiros de Brasil invaden sus territorios
El defensor del Pueblo en la entidad, Gumersindo Castro, calificó de «grave» la presencia de mineros ilegales provenientes de Brasil en nuestro país
Indígenas de la etnia yekuana denunciaron ante la Defensoría del Pueblo ante el despacho de la Defensoría Delegada del Pueblo que en sus territorios han incursionado no menos de 400 garimpeiros -mineros ilegales- fuertemente armados provenientes de Brasil, cuya presencia se estaría registrando en el estado Amazonas. Junto a ellos, contabilizaron 30 máquinas para extraer minerales de forma irregular.
La denuncia fue hecha por las organizaciones Kuyunu del Alto y Medio Ventuari, Kuyujani del Caura y Kuyujani del Alto Orinoco que representan los pueblos y comunidades indígenas yekuana y sánema en el municipio Manapiare de la entidad ante el defensor del pueblo en el estado, Gumersindo Castro, quien catalogó este hecho como «muy grave» porque advierte de la presencia ilegal de brasileños en nuestro territorio, lo que se traduce en una amenaza para las poblaciones indígenas.
Castro, en información reseñada por la ONG Provea en su portal de internet, señaló que los indígenas «están siendo sometidos a situación de esclavitud» en esas comunidades alejadas que están asentadas en el municipio Manapiare de Amazonas, cerca a la frontera entre Venezuela y Brasil.
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“Ya el Ministerio Público está en conocimiento del hecho denunciado y tengo conocimiento que iniciaron las investigaciones del caso”, agregó el Defensor del Pueblo.
Pidió de igual forma a la Fuerza Armada Nacional y demás organismos que se trasladen al lugar y constaten la situación que ocurre en el estado Amazonas y Brasil, al tiempo que pidió que se castiguen a los responsables de estos hechos; lo que se traduce en la violación de la soberanía de nuestro país y evidencia la falta de protección de los pueblos indígenas.
El avance de las actividades extractivas, los proyectos de infraestructura, así como los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono indican que la Amazonia está mucho más amenazada que hace ocho años. El nuevo Atlas Amazonia Bajo Presión de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) fue lanzado el 8 de diciembre de 2020 y toma una radiografía de las principales amenazas al bosque tropical más grande del mundo y el avance de su deterioro. La buena noticia es que los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas siguen siendo un escudo contra la devastación.
Según el Atlas, 7% del territorio amazónico está bajo presión “muy alta” y 26%, “alta”. Las áreas de mayor presión se ubican en las regiones periféricas del bioma, en áreas montañosas y piamontesas ubicadas en la Amazonia Occidental, especialmente en Ecuador, en el norte de Venezuela y en el sur de la Amazonia brasilera. La información generada en este Atlas puede facilitar su manejo a través de políticas públicas integrales que tomen en cuenta la conectividad ambiental y climática de todo el territorio, conectividad que trasciende las fronteras de los países que la contienen.
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Por otro lado, en la zona del Arco Minero los grupos irregulares armados conocidos como “sindicatos”, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas FARC (ambos de Colombia), en contubernio con las FAN y las autoridades locales regionales y nacionales controlan las minas ilegales de oro y siembran el terror entre los habitantes de la zona, principalmente entre los indígenas y los mineros.
Tal es el impacto de esta situación que la organización Human Rights Watch, a propósito de la temporada navideña de 2020 durante la cual aumentan las compras de joyas para regalos, emitió el 24 de noviembre el informe titulado Joyas brillantes, cadenas de suministro opacas: empresas joyeras, nuevos estándares de abastecimiento y el covid-19, donde se incluye a Venezuela como el país de América Latina en el que se comenten las mayores violaciones a los derechos humanos en el proceso de extracción de oro y piedras preciosas, superando a Colombia como nación de riesgo para la producción mineral en lo que a criminalidad se refiere.
