Hambre de justicia, por Teodoro Petkoff
¿Qué está defendiendo Antonio Ledezma con su huelga de hambre? Pues nada menos y nada más que la Constitución. Independientemente de las solicitudes concretas en que sustentan su ayuno forzado, tanto él como el grupo de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana que lo acompañan, los huelguistas están luchando por la vigencia de los grandes principios constitucionales que constituyen el tejido de la vida democrática. Uno de ellos, el de la soberanía, está plasmado en el artículo 5 de la Constitución: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos». Si la soberanía reside en el pueblo y los órganos del Estado emanan de ella, ¿cómo aceptar que la decisión soberana de la mayoría de los habitantes del Distrito Capital, los 722 mil votos que llevaron a Antonio Ledezma a la Alcaldía Metropolitana, órgano del Estado emanado de la soberanía popular, sean desconocidos por el presidente de la República? Es completamente inaceptable.
Quien lo acepte se hace cómplice de una aberrante violación de la Constitución, la cual, según el artículo 7 de ella es «la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución». Si esto es así, es obvio que el presidente de la República se ha zafado de «esta Constitución», al arrebatar a la Alcaldía desde su sede hasta su presupuesto, pasando por sus instalaciones, competencias y atribuciones, y al colocar por encima de ella una «autoridad regional», no elegida sino designada a dedo, que al ser dotada de las atribuciones de la Alcaldía, opera como un órgano del Estado no emanado de la soberanía popular. La huelga de hambre persigue, nada menos y nada más, que sea respetada la normativa constitucional.
Si Aristóbulo Istúriz hubiera ganado la Alcaldía, ¿el Hiperlíder habría cometido contra él los desmanes anticonstitucionales que le aplica a Ledezma? No es una pregunta ociosa, porque su respuesta obvia es que no lo habría hecho y ello desnuda completamente las razones meramente políticas, de asfixiar a la oposición, que movieron la conducta del Hiperlíder. Visto su férreo control sobre todas las instituciones, que convalidan sus abusos unas (Asamblea y TSJ) y son garantizados por otras (la FAN), Ledezma plantea un reto simbólico, cargado de significación política y moral.
Es la no violencia contra un gobierno que se jacta de su capacidad de ejercer violencia. Es el coraje cívico de un hombre solo y desarmado contra el abuso de poder de una autocracia corrupta y militarista. Pero es también un llamado a la OEA. El sistema interamericano no sólo debe proteger a nuestros países contra los golpes de Estado sino también contra el inédito desafío de los golpes desde el Estado, como los que sistemáticamente viene llevando a cabo el gobierno de Hugo Chávez.
