Habitantes de Lara denuncian asesinatos de las FAES en allanamientos ilegales
Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019
Las denuncias por los asesinatos en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), componente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), siguen creciendo en el país, a pesar de que la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidiera en su informe sobre Venezuela disolver ese grupo policial.
Carmen Pérez denuncia que su hijo, Euvis Alejandro Pérez, quien trabajaba como mecánico, fue asesinado el 6 de septiembre por funcionarios de las FAES durante un operativo en la comunidad de El Trompillo, en el estado Lara.
Familiares de Pérez aseguran que durante el procedimiento policial se hizo de manera arbitraria pues no presentaron orden de allanamiento. Asimismo, afirman que los funcionarios golpearon a todos los residentes de las viviendas intervenidas y asesinaron a Euvis Pérez a pesar de que no se resistió a ser detenido.
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La madre de Pérez estuvo detenida sin motivos durante seis horas en la sede regional de las FAES, mientras sufría una crisis hipertensa. Al ser liberada, los policías le comunicaron que debía buscar el cuerpo de su hijo en la morgue. La familia de esta víctima acudió a la Fiscalía 21, pero afirman que no les prestaron el apoyo debido.
Vecinos del sector les contaron al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) que el día que asesinaron a Pérez, las FAES realizaron siete procedimientos en horas de la madrugada en esa misma zona, donde se llevaron celulares y computadoras.
Otra de las denuncias de los vecinos de El Trompillo es que los funcionarios amenazaron a los detenidos con que debían irse de sus residencias porque si las FAES regresaban era para «matarlos». Además, todos los afectados terminaron con expedientes de venta de drogas, azotes de barrio sin ningún tipo de pruebas.
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Otra reporte recibido por Provea fue la muerte de José Luis Lucena, deportista de 36 años, quien también fue asesinado por funcionarios de las FAES el mismo 6 de septiembre, pero en Brisas del Turbio, en Barquisimeto.
Los allegados de Lucena contaron que los uniformados llegaron a las 5:30 am, irrumpiendo en la casa tras disparar en la puerta; tampoco llevaban orden de allanamiento. Tras ingresar en la casa, ordenaron a la esposa e hijas abandonar el lugar para hablar con el deportista.
Luego de la presencia de las FAES por varias horas en la zona, se les comunicó a los familiares del deportista que debían buscarlo en el hospital; pero al llegar encontraron que había sido asesinado de un tiro en el pecho. Médicos aseguraron que llegó desangrado.
Los funcionarios policiales acusaron a Lucena de violencia de género, robo y tráfico de drogas; pero su familia desmiente la versión oficial y aseveran que se dedicaba al fútbol desde hace 20 años. José Luis Lucena tenía cinco hijos.
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La versión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es diferente y sostiene que José Lucena se resistió a la autoridad; sin embargo, los familiares dicen que este no poseía armamento.
Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según sus propios registros. 61,23% del total de casos registrados se concentra bajo la figura de las ejecuciones extrajudiciales, lo que indica el aumento de este tipo de casos, en los que policías y/o militares actúan con la firme intención de causar la muerte de la persona; así como la progresiva institucionalización de esta figura bajo el aliento de las altas autoridades, la protección que brinda la impunidad y la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas. Solo en 2018 se registraron un total de 406 muertes bajo ejecuciones.
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