Defensoría afirma que garantizará respeto a DDHH en caso de sauna en Lara
La Defensoría del Pueblo informó a través de un comunicado que estableció enlace con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial y se comprometió a hacer seguimiento a la denuncia
La Defensoría del Pueblo informó que activó mecanismos de articulación con el Ministerio Público y la Policía Nacional Bolivariana para dar respuesta al grupo de personas que denunció vejaciones y maltratos en un sauna ubicado en Barquisimeto, estado Lara, el sábado 30 de mayo.
«La Defensoría del Pueblo estableció enlace con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial y se comprometió a hacer seguimiento a la denuncia», señaló a través de un comunicado publicado este domingo 31 de mayo.
El organismo precisó que tras la denuncia realizada por integrantes de la sexo diversidad, el equipo de la Defensoría en el estado Lara estará en permanente comunicación con el resto de las instituciones para «garantizar el respeto a los plenos derechos de los denunciantes».
Previo a la comunicación de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación por el presunto allanamiento y la ejecución de presuntos actos contrarios a la ética pública en el establecimiento que derivo en la detención de más de 30 hombres que se encontraban en el sitio.
Para la investigación fueron designadas la Fiscalía 21 de esa entidad y la Fiscalía 98 Nacional, esta última con competencia en la protección de los derechos humanos y la diversidad de género.
La denuncia fue realizada por organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, quienes alertaron sobre el allanamiento ilegal, extorsión y detención de más 30 hombres que se encontraban en un sauna ubicado en Barquisimeto, estado Lara. La denuncia fue presentada de forma conjunta por el Observatorio Venezolano de Violencias Lgbti, el Movimiento Somos, Provea, Uquira y PP Foundation.
De acuerdo con el comunicado de las organizaciones, compartido en sus redes sociales, el procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) vestidos de civiles. Las organizaciones señalaron que, según el relato de las víctimas, los funcionarios acusaron a los presentes de ejercer el supuesto delito de «la homosexualidad», inexistente en las leyes venezolana
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