Guaidó al Washington Post: Hemos demostrado con hechos que hay transparencia
El Washington Post denunció que las tenencias de funcionarios del interinato incluían bienes que estarían vinculados con Pdvsa
Juan Guaidó, presidente de la llamada Asamblea Nacional «legítima» y reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, envió una misiva el martes 5 de enero al Washington Post en respuesta al artículo publicado el día 3 donde develó presuntos actos de corrupción ligados al “gobierno interino”, producto de manejos irregulares de activos de Venezuela en el extranjero.
En la carta, emanada desde el Centro de Comunicación Nacional del interinato, se agradece la preocupación del medio de comunicación estadounidense por la crisis que existe en Venezuela. Sin embargo, se reiteró que recibieron la encomienda de recuperar y proteger los activos de la Nación que fueron perjudicados por la administración de Nicolás Maduro y para lograr ese objetivo, tienen mecanismos de control que les permite detectar, aceptar o rechazar cualquier acuerdo o manejo que pueda lesionar a la República.
Refieren que además han demostrado «con hechos» su gestión hacia la transparencia y lucha contra la corrupción, esfuerzos que explicó que han sido desplegados en cooperación con las «legítimas autoridades» en Venezuela, la oficina del Procurador General de Colombia y los Departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos.
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Señaló que antes de la publicación realizada por el Washington Post, el gobierno interino pidió públicamente tanto a la Asamblea Nacional como al Departamento de Justicia de EEUU iniciar una investigación respecto al caso de CRA Consortium, al tiempo que resaltó que las evidencias que tienen en sus manos fue presentada al periodista y al jefe del rotativo en Sudamérica y el Caribe, Anthony Faiola, a través de dos comunicaciones fechadas el 3 de octubre y el 15 de diciembre de 2020.
Afirmó que el comisionado Javier Troconis y los querellantes Pedro Antar y José Reyes -quienes según el texto filtraron detalles de la trama de corrupción, que involucra activos de 40.000.000.000 millones de dólares y detrás de los que estarían implicados Fernando Blasi y Javier Troconis, este último designado por Guaidó comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos- fueron llamados a comparecer ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que preside.
Según el Washington Post, las tenencias incluían: acciones de empresas, automóviles de lujo, lujosas casas y deudas no cobradas, las cuales estaban vinculadas a la compañía petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa).
En ese sentido, destacó que el contenido de su comparecencia es público y muestran que no existen evidencias de supuestos actos de extorsión. Indicó además que los denunciantes se rehusaron a dar el nombre del funcionario dentro del interinato que sirvió de emisario para la supuesta extorsión, «lo que hizo imposible llamar a esa persona para que colaborara con la investigación».
Resaltó que la investigación continúa y el Departamento de Justicia de EEUU «tiene la competencia y poderes para despejar esos aspectos que la Comisión de Contraloría no es capaz de develar debido a las limitaciones impuestas por la situación que actualmente se enfrenta en Venezuela».
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Como tercer punto, enfatizó que en el caso de la propuesta referente a la deuda con Petropar –la estatal petrolera de Paraguay, a la que al parecer se le ofreció reducir la deuda que Pdvsa reclama a esa nación y que no se llegó a un acuerdo por entender que existía una falta de personería jurídica en esa recuperación de activos, se considera que más allá de ser una irregularidad o acto de corrupción, «es un claro y positivo ejemplo de cómo el gobierno interino ha desplegado mecanismos a tiempo para proteger los intereses de la República».
Explicó que la propuesta, después de ser evaluada, fue rechazada por el Procurador Especial, la junta ad hoc de Pdvsa y por el mismo Juan Guaidó en calidad de presidente interino, luego de considerar que no cumplía con las condiciones satisfactorias para Venezuela por el «porcentaje de remoción propuesto» y la comisión estipulada por el abogado.
Por ello, solicitaron de forma «respetuosa» al Washington Post que los elementos descritos en la misiva sean publicados como un derecho a réplica y acotaron que, de ser posible, no haya omisión alguna al material y se clarifique que en ninguno de los casos presentados hay información o evidencia que pruebe algún hecho punible.
«Por el contrario: En ambos casos nosotros seríamos testigos de los dos trabajos que, después de ser evaluados por las autoridades competentes del gobierno interino, serán rechazados porque no hubo gasto ni uso irregular de los recursos venezolanos».
