González denuncia falta de información veraz y contradicciones en el caso de su esposo
Mariana González señaló que tiene dos meses esperando una respuesta del Defensor del Pueblo. Exige información veraz sobre la ubicación de su esposo y su estado de salud
Mariana González denuncia la violación sistemática de los derechos humanos de su esposo Rafael Tudares Bracho, quien este 1 de octubre cumplió 267 días detenido de forma arbitraria y en condición de desaparición forzada.
En un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, González narró cómo los organismos de justicia omiten información o le ofrecen datos erróneos sobre el caso de su esposo.
«Voy a Tribunales y no tengo información sobre el lugar en el que realmente tienen a Rafael. En la Coordinación de la Defensa Pública hoy me indicaron que ellos no saben exactamente cuál es la Defensora Pública que lleva el caso de Rafael. Además no se me brinda información veraz sobre el número de expediente. La Defensora Pública me da una información, el Tribunal da otra información sobre el expediente y sobre la Defensora Pública que «defiende» los derechos de Rafael».
Denunció la violación de los principales derechos humanos establecidos en la Constitución y todas las garantias judiciales establecidas en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Politicos de la ONU, así como las principales garantías constitucionales del derecho al debido proceso.
Aseguró que en el caso de su esposo, el sistema de justicia «hasta ahora solo ha servicio para llevar un juicio clandestino contra Rafael y para justificar lo injustificable: su desaparición forzada. Esta es la cruel realidad del caso que se sigue contra mi esposo. Esta es la verdad», lamentó.
González señaló que la primera semana de agosto acudió ante el Despacho del Defensor del Pueblo y un abogado le recibió su denuncia con la promesa de llamarla en dos semanas para darle información. Han pasado dos meses y sigue esperando una respuesta del Defensor del Pueblo.
Insistió en la inocencia de Rafael Tudares y exigió a las autoridades una fe de vida para comprobar su integridad física y su salud. «Seguire luchando por sus derechos, los mios y los de mis dos niños, por todas las vias humanitarias disponibles. No me rendiré. La libertad de Rafael es mi causa».
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