Gobierno afirma que hay 2.553 cuadrantes de paz activos para combatir la delincuencia
Estudiosos de los planes de seguridad del gobierno consideran que los cuadrantes de paz «no tienen aplicación en la realidad», y que los nuevos despliegues que anuncian las autoridades forman parte de una agenda preelectoral y no tanto a políticas públicas que busquen combatir la inseguridad de forma permanente
La Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía del estado Miranda y otras policiales estadales informan de manera continua en redes sociales sobre despliegues de los cuadrantes de paz en sus áreas para combatir la delincuencia y proteger a los venezolanos.
En la actualidad, de acuerdo con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, en el país están activos 2.553 cuadrantes de paz. José Barroeta, coordinador de Control y Seguimiento de los cuadrantes de paz de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), detalló que dentro de las funciones de los cuadrantes de paz está el desarrollo de la seguridad, prevención sociocultural, educativo y económico; lucha contra la corrupción, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas y terrorismo, gestión de riesgo, así como el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadano, entre otras.
Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó, a finales de 2022, que los cuadrantes de paz trabajan directamente el VEN 911 «para el resguardo del pueblo venezolano».
Recientemente, las autoridades también han explicado que el despliegue de los cuadrantes de paz ha servido para «reducir la accidentabilidad vial». Solo en Distrito Capital, informaron que se redujeron 36% los accidentes de este tipo.
El Estado venezolano a través de la implementación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, y el Plan Nacional contra bandas criminales, mantiene combate directo y permanente contra bandas delictivas, lo cual ha permitido poner a orden de tribunales a quienes infringen la Ley. https://t.co/PpemZ2hGWF
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) June 28, 2023
https://twitter.com/MijpRadio_/status/1673828860884926467
Sin embargo, estudiosos de ese tema consideran que estas acciones están íntimamente ligadas a una agenda preelectoral y no tanto a políticas públicas que busquen combatir la inseguridad de forma permanente. Para el abogado penalista y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Izquiel, de estos cuadrantes «solo quedó el nombre y no tienen aplicación en la realidad».
«Si se analizan los antecedentes electorales en Venezuela, cada vez que se acerca una elección comienzan con el tema de la seguridad; que hoy ya no es el primer problema del país (lo es la economía), pero la inseguridad sigue estando entre los primeros», expone Izquiel ante el despliegue de los cuadrantes de paz.
El activista Marino Alvarado coincide con Luis Izquiel y detalla que antes de elecciones presidenciales el Gobierno siempre busca demostrar con dotaciones de equipos, armamento y despliegues de más funcionarios en las calles, que el tema de la seguridad está en la agenda pública.
Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, considera que una política adecuada de seguridad ciudadana, que ofrezca resultados positivos, debe ir al proyecto original de la Misión A Toda Vida Venezuela; del cual afirma ser «un defensor».
Aclara que este proyecto contiene una serie de políticas preventivas de actuación de los funcionarios policiales, que de aplicarse, no solo habría una buena política de prevención, sino de actuación de los policías, «garantizando eficiencia en el combate al delito, respetando los derechos humanos». Alvarado también reconoce que este plan se puede mejorar y sugiere que el primer paso es «desmilitarizar las labores de seguridad ciudadana».
El abogado Luis Izquiel también cree necesaria «una depuración policial profunda». Asimismo, dice que se deben mejorar las condiciones sociolaborales de los funcionarios policiales, ofrecer mejores salarios y atraer a gente con capacidad, que brinde confianza a la ciudadanía, «que esté dispuesta a arriesgar su vida para defender a los venezolanos».
