General retirado advierte que Justicia Militar está «desfasada de la realidad»
El general en situación de retiro Prieto Silva dijo que cualquier reforma que se haga al texto sin tomar en cuenta la Constitución, haría del mismo un instrumento inaplicable
El general de división en condición de retiro y abogado, Enrique Prieto Silva, advirtió que actualmente en Venezuela existen incongruencias a nivel jurídico en lo que respecta a la justicia militar en el país, argumentando que la misma «quedó desfasada de la realidad» y también de la vigencia de la Constitución del país.
Así lo refirió Prieto Silva durante una actividad organizada por la ONG Justicia Venezolana, donde el oficial retirado resaltó que el Código de Justicia Militar tiene 80 años de vigencia y que en la actualidad vulnera preceptos establecidos en la Carta Magna «en su parte dogmática, lo que nada ni nadie puede allanar», refiere una nota de prensa.
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— Justicia Venezolana (@JusticiaOrg) April 30, 2021
Indicó que cualquier reforma que se haga al texto, sin tomar en cuenta el artículo 261 de la Constitución que dice que «la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso» y que la comisión de delitos comunes, violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad, serán juzgado por tribunales ordinarios, hace del Código un instrumento que no puede ejecutarse.
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Según el balance más reciente de la ONG Foro Penal, hay 125 militares detenidos por motivaciones políticas, así como también se conoce que causas civiles en diversas protestas fueron pasadas a instancias castrenses para ser juzgados.
Recientemente el caso del teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro llamó la atención pública nuevamente porque su detención se produjo tras una serie de reuniones y conversaciones sobre la situación del país entre un grupo de oficiales en 2017. Marín Chaparro ha estado recluido desde hace tres años y poco más de un mes en la sede de la Dgcim, pese a que una orden del tribunal que llevó su causa ordenó su traslado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
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La persecución y criminalización de militares activos y retirados en el país no es nueva, y ha sido objeto de investigación y denuncia por parte de organizaciones internacionales, incluyendo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Misión de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU para investigar torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias en el país.
Según la ONG Justicia Venezolana, hasta el 26 de marzo había 140 militares presos por razones políticas, 35 de ellos en riesgo por su condición de salud. Las acusaciones contra los funcionarios se pasean entre el terrorismo, traición a la patria, sustracción de armamento militar, conspiración, entre otros, como pasó también con el caso del general Héctor Hernández da Costa.
