Foro Penal rechaza acusaciones sobre presunta participación en «actos de violencia»
La organización Foro Penal expresa su preocupación por el uso de discursos que criminalizan o estigmatizan el trabajo de defensa de derechos humanos
Foro Penal expresa su rechazo a los intentos de la administración Maduro de vincularlos con «actos de violencia» y condena la criminalización de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
El miércoles 28 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció una rueda de prensa en la que acusó a cuatro organizaciones no gubernamentales de financiar y estar vinculadas, a través de sus miembros, a una presunta «conspiración» contra las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo. El funcionario mencionó directamente a las ONG Maracaibo Posible, Provea, Foro Penal y Médicos Unidos de Venezuela.
«Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincularnos con actos de violencia, y mucho menos con actividades que puedan calificarse como terroristas. Ni nuestra organización, ni sus directivos, ni nuestros miles de voluntarios a nivel nacional tienen vínculo alguno con hechos u organizaciones de esa naturaleza», señala el comunicado de Foro Penal publicado la noche del jueves 29 de mayo.
La organización expresa su preocupación por el uso de discursos que criminalizan o estigmatizan el trabajo de defensa de derechos humanos, el cual, señalan, es un pilar fundamental de toda sociedad democrática y beneficia a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o afiliación política.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante recientes declaraciones públicas en las que se hace una referencia inaceptable a nuestra organización como vinculada a planes “terroristas”, Foro Penal manifiesta lo siguiente:
Foro Penal es una organización no gubernamental dedicada, desde… pic.twitter.com/EPZiKzbg27
— Foro Penal (@ForoPenal) May 30, 2025
Según Cabello, las presuntas evidencias para realizar las acusaciones contra las organizaciones defensoras de derechos humanos fueron encontradas en uno de los teléfonos del dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado 23 de mayo, dos días antes de las elecciones regionales y legislativas.
Tras las acusaciones, organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) expresaron su preocupación por los ataques a organizaciones defensoras de derechos humanos y aseguraron que estos señalamientos son una muestra del recrudecimiento de la criminalización y persecución contra la sociedad civil en Venezuela.
Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos que garanticen la libertad de todas las personas presas por motivos políticos y “detener los crímenes cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en contra del pueblo venezolano».
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