Febrero cerró con 63 ataques a defensores de DDHH, denuncia ONG
De acuerdo con la ONG Centro para la Defensora y la Justicia en el mes de febrero continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Contabilizó 63 ataques a defensores de DDHH, 84% del total dirigido a organizaciones y 16% a personas que trabajan en defensa de estos
El mes de febrero cerró con 63 ataques a organizaciones y defensores de los derechos humanos, reportó la organización no gubernamental Centro para la Defensora y la Justicia. Informó que hubo 42 ataques menos que en enero, cuando se contabilizaron 105.
La ONG indicó que 84% de las víctimas fueron organizaciones de derechos humanos y 16% las personas que trabajan en la defensa de estas garantías. Por otra parte, precisó que del total de los casos registrados, 39 fueron de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, siete de amenaza y uno se trató de ataque digital.
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«Continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, con avances normativos restrictivos del espacio cívico y democrático», indicó la organización en su informe mensual.
La ONG apuntó que los principales victimarios fueron funcionarios públicos (46%), seguido de los medios de comunicación (24%), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17%), instituciones públicas (10%) y organismos de seguridad (3%).
«Los principales responsables de las agresiones cometidas a quienes defienden y exigen derechos humanos identificados incluye a miembros del Ejecutivo, ministros, diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), entre otros», agregó.
La ONG sostuvo que para el «fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de derecho» es necesario garantizar la protección de un espacio cívico libre, así como la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de los derechos.
«Para ello, el Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan la crisis de los derechos humanos y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja», añadió.
Agregó que el contexto para la «defensa, exigencia y promoción» de los derechos humanos en Venezuela se torna más «restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis socioeconómica, política y de derechos humanos».
