Expresidente costarricense Óscar Arias es acusado de corrupción
El exmandatario de Costa Rica y Nobel de la Paz se encuentra bajo investigaciones por un proyecto minero que no llegó a concretarse
La fiscal general de Costa Rica Emilia Navas presentó una acusación penal contra el expresidente Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por presunta corrupción en el denominado caso Crucitas.
Navas imputó a Arias por un aparente delito de prevaricato, el cual él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.
En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial Nº. 34801-MINAET.
Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica ordenó anular la concesión a finales de noviembre del 2010.
Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal de esa nación con hasta seis años de cárcel.
Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó la decisión de acusar a Arias, pero no ahondó en los detalles porque “el caso penal continúa siendo privado para personas ajenas al proceso”.
“La Fiscalía firmó ayer (martes 21) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado”, señaló la oficina de prensa del Ministerio Público.
Inicialmente, solo el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el cuestionado decreto y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), figuraban como imputados.
Este caso ya se había resuelto en 2015, cuando Dobles fue condenado por un tribunal a tres años de prisión, por un delito de prevaricato.
Sin embargo, ese mismo Tribunal Penal de Hacienda ordenó revertir el proceso en 2017 hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.
Con información de La Nación de Costa Rica
