Expertos OEA: Represión se ha consolidado en un «sofisticado sistema de terror de Estado»
El Panel de Expertos de la OEA señaló que, pese al proceso que desarrolla la CPI, la represión no solo persiste en el país sino que se ha intensificado. Puntualizó además que el Estado venezolano ha utilizado la cooperación con la Corte como estrategia para desviar la presión internacional, «más que como un paso genuino hacia la rendición de cuentas»
El Panel de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela emitió un nuevo informe este jueves 4 de diciembre, donde alegan que el país ha entrado en su «fase más opresiva» y se ha consolidado «un sofisticado sistema de terror de Estado».
«Los patrones delictivos y las estructuras de los presuntos perpetradores documentados desde 2014 no solo han persistido, sino que se han consolidado en un sofisticado sistema de terror de Estado, caracterizado por la represión rutinaria, la erosión de las garantías judiciales, el colapso de la capacidad de vigilancia de la sociedad civil y la extensión de la persecución más allá de las fronteras nacionales», señala el informe presentado en La Haya en el marco de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
El Panel señaló que, pese al proceso que desarrolla la CPI, la represión no solo persiste en el país sino que se ha intensificado. Puntualizó además que el Estado venezolano ha utilizado la cooperación con la Corte como estrategia para desviar la presión internacional, «más que como un paso genuino hacia la rendición de cuentas».
En este contexto, instaron a la Corte a fortalecer los mecanismos de responsabilidad penal individual y avanzar en la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios identificados como responsables de crímenes.
Desde 2014 hasta la fecha, el Panel de Expertos de la OEA registrado 1.634 casos de tortura, la mayoría ocurridos luego de 2018, así como 116 desapariciones forzadas y 18.582 detenciones arbitrarias.
Según datos combinados del Estado y de la sociedad civil, los expertos de la OEA también contabilizaron al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década.
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«Ante esta evidencia alarmante, la única vía real para proteger a las víctimas es avanzar con decisiones firmes respaldadas por un compromiso inequívoco de los Estados Parte para alcanzar la justicia», advirtió el presidente del Panel de Expertos, Santiago Cantón.
Mientras que Rodrigo Diamanti, secretario del Panel, afirmó que «la ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad. Es urgente que la comunidad internacional asuma que miles de víctimas no pueden esperar más».
Si bien se han reportado menos casos de forma pública, el Panel advirtió que «esto no refleja un avance» sino una «desaparición estadística».
«La caída abrupta en el número de denuncias no es una señal de mejora; es el reflejo de un país donde las víctimas ya no tienen a quién acudir y temen hablar ante la ola represiva que enfrentan. El desmantelamiento de la sociedad civil ha generado un silenciamiento forzado que constituye, en sí mismo, una forma de violencia. Por eso es imprescindible actuar ahora: cada día que pasa, más voces son silenciadas», alertó Joanna Frivet, miembro del Panel.
El informe también mencionó que las organizaciones de derechos humanos han sido atacadas mediante persecución legal, allanamientos, vigilancia digital, intimidación y exilio forzado.
Asimismo, se señaló que la Ley contra la ONG –adoptada en 2024– junto con la «criminalización de la cooperación internacional» y amenazas directas a trabajadores humanitarios han limitado «de manera drástica la capacidad de los grupos independientes para documentar abusos. Como resultado, las víctimas permanecen cada vez más en silencio, a menudo debido a la coerción, el miedo a represalias o la ausencia de organizaciones seguras capaces de recibir sus denuncias».
El Panel de Expertos de la OEA también solicitó una mayor protección para víctimas, testigos y grupos de la sociedad civil que operan «bajo severa represión», e instó a los Estados a adoptar respuestas coordinadas y reforzar los esfuerzos para garantizar justicia a miles de víctimas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
