Expertos en DDHH piden a la CPI emitir orden de arresto contra Maduro como hizo Argentina
La Justicia de Argentina ordenó el 25 de septiembre la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro y otros funcionarios acusados de presuntos crímenes de lesa humanidad
Un panel de defensores de derechos humanos instó este miércoles 23 de octubre de 2024 a la Corte Penal Internacional (CPI) a que proceda a la emisión de órdenes de arresto contra el mandatario Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su administración por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el año 2014.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), resaltó la importancia del paso dado por la Justicia Federal de Argentina, que el pasado mes de septiembre emitió órdenes de captura contra Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y un grupo de militares venezolanos sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos.
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Por su parte, la secretaria general del FADD, Elisa Trotta, consideró que “el fiscal Karim Khan debe seguir el ejemplo dado por la Justicia argentina, que ha reafirmado que la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. Luego de tres años de investigaciones sobre la situación de Venezuela, ya es hora de que la Corte Penal Internacional cumpla su deber y avance contra los responsables de estos crímenes”.
Las declaraciones se registraron durante un foro en Madrid, organizado por el World Jurist Association, donde organizaciones defensoras de DDHH como Voces de la Memoria, Defiende Venezuela, Human Rights Foundation, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y el World Liberty Congress, destacaron la necesidad de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, formalice imputaciones contra los máximos responsables de la persecución política, las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos ocurridos en Venezuela.
Allí también estuvo Paolina Massidda, abogada principal de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la CPI, quien afirmó que “las víctimas venezolanas tienen derecho a la justicia por todos los crímenes que sufren y la Corte Penal Internacional debe desempeñar un papel en la lucha contra la impunidad y la prevención de otros crímenes mediante la mejora de su investigación sobre los crímenes cometidos en Venezuela. Ha llegado el momento de hacer justicia. Las víctimas ya no pueden esperar más para que su petición sea escuchada en un tribunal de justicia”.
Víctor Navarro, ex preso político, opinó que Argentina dio un paso al frente con su medida en pro del reconocimiento de las víctimas. A su juicio, después de varios años se empieza a ver acciones internacionales contra los atropellos en Venezuela y exige que los crímenes no queden impunes, así como una reparación a las víctimas.
Mientras que la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Carmen Ladrón de Guevara, quien ha sido abogada de víctimas del terrorismo en España, destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya calificó como “terrorismo de Estado” los crímenes perpetrados por el régimen de Maduro contra los venezolanos, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio con un registro de más de dos mil personas detenidas por motivos políticos.
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El pasado 25 de septiembre, el juez federal de Argentina Sebastián Ramos ordenó la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, su mano derecha Diosdado Cabello, y otros altos funcionarios del gobierno, acusados de violaciones graves a los derechos humanos. Ramos también solicitó a Interpol la emisión de alertas rojas para proceder con la captura y extradición de estos dirigentes a Argentina.
La orden de captura internacional se fundamenta en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, presuntamente ocurridas en Venezuela desde 2014.
Un día antes, el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunció también que solicitaría a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y dos altas funcionarias de su gobierno, en relación con el caso del presunto robo del avión de Emtrasur.
Con información de Nota de prensa
