Excarcelan a sindicalistas con condena a 16 años de cárcel por protestar contra la Onapre
En el juicio contra los seis sindicalistas, las únicas pruebas promovidas por la Fiscalía fueron unas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter. Días después de que esa audiencia se celebrara, trabajadores de la Coalición Sindical Nacional se concentraron en Caracas en solidaridad con sus compañeros, criticando la inexistencia de testigos en el juicio y prometiendo apelar la decisión
La oenegé Provea informó la tarde de este 20 de diciembre que fueron excarcelados los seis sindicalistas detenidos en julio de 2022 y sentenciados en agosto de este año a 16 años de prisión por presunta «conspiración» y «asociación para delinquir». Se trata de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrón, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, quienes permanecieron recluidos en el Centro de Control y Resguardo La Yaguara, en Caracas, solo por exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales para el sector público en medio de una oleada de protestas registradas el año pasado contra el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Hasta el momento se desconocen las condiciones de las excarcelaciones de este grupo personas, pero su salida de la cárcel se dio a conocer en medio de negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro, el cual, a cambio del empresario colombiano y presunto testaferro Alex Saab, dejará en libertad a al menos 36 personas, de acuerdo con confirmaciones hechas por fuentes anónimas a Reuters.
La mayoría de los sindicalistas excarcelados estaban vinculados a los gremios del aparato administrativo del Estado venezolano, como los tribunales y el poder legislativo.
Todos fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, defendió el procedimiento judicial de esta forma: «¿Por qué ponerle el ropaje de líderes sindicales a personas que fueron detenidas por labores conspirativas?». Asimismo, vinculó a los condenados con «un militar desertor, prófugo, en Colombia», Ángelo Heredia, un capitán de la Guardia Nacional quien se fugó en 2019 de una prisión militar, donde estaba detenido desde 2017 por rebelión.
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que en el juicio las únicas pruebas promovidas por la Fiscalía contra ellos fueron unas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter. Además, a días del juicio, trabajadores de la Coalición Sindical Nacional se concentraron en Caracas en solidaridad con sus compañeros, criticando la inexistencia de testigos en el juicio y prometiendo apelar la decisión.
Y sí, la condena de estos líderes sindicales causó indignación en distintos sectores políticos del país, pero también a escala internacional.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, consideraron que Venezuela hace un «abuso crónico» de leyes antiterroristas «contra quienes defienden los derechos de los trabajadores».
Pidieron incluso investigar asesinatos de dirigentes sindicales y amenazas. Como respuesta a ese pronunciamiento, el gobierno de Nicolás Maduro, en un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil, tildó de «irresponsables» esas afirmaciones.
Mientras, la Plataforma Unitaria condenó en ese entonces la «violación de los derechos humanos» cometida en contra de ellos y rechazó que fuesen a un juicio que estuvo «plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos».
Al momento de su excarcelación, estos seis sindicalistas tenían más de 500 días detenidos injustamente.
*Lea también: Confirman la excarcelación de Roberto Abdul, presidente de Súmate
