Niegan amnistía a seis sindicalistas y al coordinador nacional de Vente Venezuela
La Ley de Amnistía, promulgada a finales de febrero, abarca un periodo de 27 años desde 1999 y se aplica a 13 eventos específicos. Aunque el Parlamento asegura que el proceso de revisión de casos sigue abierto y que los solicitantes tienen derecho a apelar, organizaciones civiles reportan rechazos sistemáticos en los últimos días
El Poder Judicial negó el beneficio de la amnistía a seis dirigentes sindicales y a Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela.
Eduardo Torres, abogado y activista de la ONG Provea, denunció el caso de los trabajadores; mientras que el dirigente de Vente Venezuela dio a conocer la información en sus redes sociales.
Los sindicalistas a quienes se les negó el beneficio son: Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo. Ellos fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022.
Posteriormente, en agosto de 2023, fueron condenados por conspiración y asociación para delinquir, según informó en aquel entonces el fiscal general, Tarek William Saab. Al respecto, Torres publicó en redes sociales. «Hoy los tribunales penales le negaron la amnistía a los seis sindicalistas condenados a 16 años por defender derechos», acompañando el mensaje con una fotografía del grupo frente al Palacio de Justicia en Caracas.
Aunque los dirigentes fueron excarcelados en diciembre de 2023 —tras la reanudación de negociaciones entre Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con mediación de la administración de Joe Biden, en ese entonces presidente de Estados Unidos—, su estatus legal sigue en disputa. En días recientes, diversas organizaciones han denunciado el rechazo a múltiples solicitudes de amnistía, incluyendo las de dos periodistas.
«Venezuela exige justicia, libertad y democracia», expresó el activista de Provea.
Por su parte, Henry Alviárez, al conocer el rechazo a su solicitud de amnistía, cuestionó que se hable de reconciliación, mientras «persiguen al que piensa diferente» y que hablen de justicia, mientras convierten al Tribunal Supremo de Justicia «en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios».
Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA.
— Henry Alviarez Alviarez (@HenryAlviarez) March 18, 2026
El pasado 15 de marzo, la líder opositora María Corina Machado denunció que se está usando la amnistía como una «represión selectiva» y acusó al gobierno a cargo de Delcy Rodríguez de intentar «prolongar el terror» contra quienes luchan por la democracia en el país.
Alviárez había sido detenido junto a la exdiputada Dignora Hernández en marzo de 2024, señalados por una presunta vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales de ese año. El activista fue excarcelado con medidas cautelares el pasado 8 de febrero, en un proceso anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Tras la promulgación de la Ley de Amnistía el 19 de febrero, se inició la recepción de solicitudes para la revisión de casos. No obstante, este martes 17 de marzo, Jorge Rodríguez afirmó que todos «tienen derecho a apelar» ante los tribunales y reiteró que la comisión parlamentaria seguirá analizando los expedientes.
La ley contempla un periodo que inicia en 1999 hasta enero 2026 y establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en años distintos. El parlamento cifra en 7.727 las libertades plenas otorgadas bajo este proceso, de ellas, 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que otras 253 se encontraban en prisión.
Según el balance presentado por la oenegé Foro Penal, al 9 de marzo, todavía hay 508 presos políticos en Venezuela.
Con información de Swissinfo.ch
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
