Excandidatos y funcionarios de otros poderes públicos buscan saltar al nuevo TSJ
Excandidatos vinculados a partidos políticos, funcionarios que buscan saltar de un poder público a otro y figuras involucradas en polémicas del pasado aparecen entre las 561 personas postuladas a magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). TalCual revisó la extensa lista divulgada por la Asamblea Nacional y encontró aspirantes que incluso optan simultáneamente por hasta tres cargos dentro del Poder Judicial
La Asamblea Nacional publicó el extenso listado de 653 filas, correspondientes a 572 personas únicas (identificadas por cédula), ya que varias personas se postulan a más de un cargo dentro del propio proceso. De ellas, 561 personas finalmente están postuladas para ser nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y el resto se distribuyen en aspirantes al cargo de Inspector General de Tribunales o a dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura.
El listado muestra además que 63 personas aparecen postuladas a más de un cargo: 36 buscan ser magistrados o Inspector(a), 12 optan como magistrados o directores de la ENM, y 36 se «lanzaron» a los tres tipos de cargos disponibles.
Es el resultado del extendido proceso de postulaciones, con al menos dos cambios de fechas y decenas de nuevos nombres, que ahora entra en un periodo de impugnaciones. Desde el viernes 19 hasta el próximo 3 de julio se podrán presentar ante el parlamento las objeciones a los nombres anunciados.
El artículo 263 de la Constitución vigente estipula que para ser magistrado o magistrada del TSJ se requiere «ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones».
Además, hay que tener «reconocida honorabilidad».
Con la lista de la AN en la mano, TalCual revisó todos los nombres y detectó entre los postulados a personas con vínculos partidistas, protagonistas de escándalos políticos pasados y a funcionarios que intentan pegar el brinco de un poder público a otro.
Los que buscaron votos
Al menos cinco postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen experiencia como candidatos a cargos de elección popular asociados a partidos políticos.
Es el caso de Gloria Pinho. Abogada, doctora en derecho constitucional y especialista en materia penal; fue jueza del Poder Judicial, «llegué a tener 32 años de servicio», dijo a TalCual en 2023. Es la titular de un escritorio jurídico y sigue siendo abogada litigante.
Pinho también fue candidata por la Alianza Democrática (AD, Copei y demás partidos judicializados) junto a Soluciones -el de Claudio Fermín– a la Alcaldía de Chacao. Quedó en el tercer lugar al obtener 4,55% de los votos (1.057). En 2023 se postuló a las primarias opositoras, y resultó en el octavo puesto, de 10, con 2.876 votos (0,12%). En 2025 lo intentó de nuevo como abanderada del partido Conde para la Asamblea Nacional. Fue inscrita como quinta en la lista nacional de esa tolda, pero no resultó electa.
En la lista de postulados al Tribunal Supremo de Justicia también aparece Pedro José Natera Piñerúa, quien también fue candidato al parlamento en la lista nacional pero del partido Fuerza Vecinal. Es abogado y doctor en Ciencias Penales y Criminalísticas, y ejerce como Vicerrector de Postgrado de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) de Caracas.
Natera Piñerúa tiene experiencia como juez de control, y es la segunda vez que se postula a un cargo público en los últimos meses. Su nombre apareció en la lista de postulados también para Defensor del Pueblo.
Otro excandidato ahora aspirante a magistrado es Juan Carlos Pernía, quien optó a una curul como diputado nominal en las elecciones parlamentarias de 2025, respaldado por la Alianza Democrática, que agrupa a partidos intervenidos como AD, Copei o la tarjeta de Primero Justicia con toldas como Avanzada Progresista.
Mario Vegas Rodríguez también compitió en aquellos comicios de hace un año, cuando su nombre formó parte de la lista nacional al parlamento por el partido Soluciones. Esta vez está postulado a magistrado del TSJ pero su nombre aparece también como aspirante a Inspector General de Tribunales y para director de la Escuela Nacional de la Magistratura. El auténtico lánzate que algo queda.
En el caso de Indira María Paris Bruni, quien también aparece como doble postulada tanto a magistrada como a Inspectora General de Tribunales, fue candidata en 2025 en la lista nacional al parlamento por el partido DDP.
Buscando el reencauche
No solo hay excandidatos en la larga lista de postulados al TSJ que distribuyó la Asamblea Nacional. También hay personas que han ocupado cargos de alto nivel en otros poderes públicos intentar un reencauche.
Así vemos en la lista a la rectora Aimé Nogal –registrada en el listado como «Nogal Méndez Acme Clarisa»–, actual rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Antes de formar parte del directorio del CNE fue dirigente nacional y secretaria política de la Dirección Ejecutiva Federal del partido Un Nuevo Tiempo, a pesar de la prohibición de nombrar rectores con filiación partidista.
La rectora Nogal no ha emitido declaración alguna sobre las denuncias de fraude en la elección presidencial de 2024, y en aquel momento desde su (ex) partido Un Nuevo Tiempo dijeron que en algún momento de la noche del 28 de julio simplemente «dejó de responder el teléfono».
Junto a ella, también aparece como postulada a magistrada la abogada Katherine Harrington –registrada como «Haringhton Padrón Katherine Nayarith»–. Fue vicefiscal general de la República entre 2017 y 2018, designada por el TSJ en medio del conflicto institucional con la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz. Se hizo famosa por haber intentado asumir el cargo el alto cargo en el Ministerio Público entrando escondida en la maleta de un carro.
Antes, trabajó durante 21 años en el Ministerio Público, donde ocupó diversos cargos, sin nunca obtener la titularidad de ellos, y fue alabada por Ortega Díaz ante la Asamblea Nacional cuando ambas respaldaban al chavismo gobernante.
Harrington es abogada con una especialización en Ciencias penales y criminológicas, y asumió como magistrada suplente de la Sala de Casación Penal del TSJ en 2022. Está sancionada por Estados Unidos desde 2015, así como por la Unión Europea, Canadá y Panamá, señalada por violaciones a los derechos humanos y por procesar judicialmente a dirigentes opositores, entre ellos Antonio Ledezma y Leopoldo López.
Otro magistrado suplente que busca renovación es Luis Emilio Rondón, actualmente suplente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Antes fue rector principal del CNE entre 2014 y 2020. Es hijo del diputado Luis Emilio Rondón, actual vicepresidente ejecutivo nacional de Un Nuevo Tiempo, quien podrá votar por él para nombrarlo en el alto cargo judicial.
Por su parte, el abogado Ángel Wladimir Zerpa Aponte vuelve a postularse a magistrado del TSJ casi una década después de haber sido juramentado, el 21 de julio de 2017, como integrante principal de la Sala Político Administrativa por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en medio de la crisis institucional de ese año. Al día siguiente de su juramentación fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y procesado por los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones; permaneció bajo privación de libertad hasta el 24 de agosto de 2017, cuando fue liberado bajo medidas cautelares que le impedían salir del país y declarar a los medios.
Desde Carabobo, también fue postulado a magistrado el abogado Honorio Francisco Torrealba, quien fue nombrado procurador de ese estado por el gobernador Rafael Lacava, en 2017.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
