Es una contradicción pedir a venezolanos que vuelvan y cobrar por eso, afirman activistas
Los investigadores Carlos Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, y Marysabel Rodríguez, de Espacio Público, señalaron que cualquier venezolano debería presentar solo su cédula de identidad o pasaporte -así esté vencido- para ingresar al país desde el exterior, por lo que cualquier otro documento o «autorización», recordaron, es inconstitucional
El reciente anuncio sobre el cobro de salvoconductos a los venezolanos en el exterior para ingresar al país fue cuestionado por un grupo de expertos durante la Jornada de Derechos Humanos, organizada por Amnistía Internacional este lunes 18 de mayo.
«Es una contradicción pedirle a los venezolanos que vuelvan y cobrar por eso», afirmó Carlos Carrasco, investigador del Ininco UCV, durante el panel sobre derechos de la diáspora.
Los investigadores Carlos Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, y Marysabel Rodríguez, de Espacio Público, señalaron a su vez que cualquier venezolano debería presentar solo su cédula de identidad o pasaporte -así esté vencido- para ingresar al país desde el exterior, por lo que cualquier otro documento o «autorización», recordaron, es inconstitucional.
Carlos Rodríguez también pidió a las autoridades explicar por qué se decidió cobrar este salvoconducto y la fijación de este monto (60 dólares). Destacó que, en lugar de estos mecanismos, el gobierno debería reactivar sus servicios consulares y «despolitizarlos» para que estas labores no se vean afectadas, por ejemplo, por ruptura de relaciones policiales entre Estados.
Los expertos también incluyeron, entre sus recomendaciones, que se revierta la anulación de pasaportes a venezolanos. Esta decisión, puntualizó la investigadora de Espacio Público, ha obedecido a dinámicas de extorsión o «castigos» por razones políticas y que pueden ser revertidos con una orden del Saime.
Asimismo, Carlos Carrasco planteó como “fundamental» la actualización de las leyes de identificación, pues calificó de «ilógico» que un niño menor de 10 años pueda acceder a un pasaporte pero no tenga una cédula de identidad como sucede en otros países.
Respecto a derechos políticos de la diáspora, Carrasco dijo que se debe «hacer país» incluyendo a este sector de la población (según estimaciones de la ONU hay más de ocho millones de venezolanos fuera del país) dentro de espacios de toma de decisiones políticas como la Asamblea Nacional.
En este punto, el politólogo Ismael Pérez Vigil aseveró que se debe garantizar el voto de los venezolanos en el exterior que «no sabemos dónde están» y tampoco cómo hacer ese derecho al sufragio efectivo.
Pérez Vigil dijo que una solución podría ser el uso del pasaporte en lugar de la cédula de identidad, lo que requiere una modificación de la Ley Orgánica del Poder Electoral. También indicó que es necesario iniciar un registro electoral de venezolanos en el exterior, aún con el sistema vigente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
