Entrega de la sede de El Nacional a Cabello genera rechazo de la SIP y la AN
A los ojos internacionales, la adjudicación de la sede de El Nacional a Diosdado Cabello se trata de una venganza política y una evidencia más de los ataques del chavismo a la libertad de expresión y al periodismo independiente
La entrega de la sede de El Nacional al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por parte del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas para compensar «daños morales», generó el rechazo generalizado.
El dictamen de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo fue calificado como un «irregular y clandestino remate judicial» por parte de el demandado, pues los representantes de El Nacional afirman que durante el procedimiento solo estuvo presente el abogado de la parte demandante, Alejandro Castillo Soto.
Ante esta arbitrariedad, distintos entes nacionales e internacionales se han pronunciado para despreciar lo que ha sido visto a los ojos del mundo como un ataque a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo.
Por una parte, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, consideró que el proceso judicial que concluyó en la entrega de El Nacional al líder chavista es el «robo del siglo» en cuanto a periodismo independiente. Acotó que una arbitrariedad de tal magnitud solo puede proceder en una dictadura.
A juicio de las autoridades de la SIP, el ensañamiento contra El Nacional y la toma de su sede responden a un episodio de «venganza política» que no solo atañe a El Nacional, sino a otros 100 medios independientes que ya han desaparecido por el accionar del chavismo, algo que a ojos del organismo «manchará la historia de Venezuela».
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El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, destacó la carencia de independencia de un sistema judicial que sirve al poder político.
«Sin ningún pudor, de forma abusiva y de espalda a lo que dicta la ley, satisface la pretensión de un político que venía fervientemente amenazando con hacer desaparecer el diario», recalcó.
Por otra parte, la Asamblea Nacional electa en 2015 y encabezada por Juan Guaidó publicó un comunicado en rechazo a lo que consideran un «robo judicial» de la dictadura contra la sede de El Nacional.
En el documento destacan que la jueza es hermana del Contralor General que sirve al chavismo, Elvis Amoroso, lo que retratan como una «prueba más de que la dictadura ha secuestrado las instituciones de la República y ha acabado con la separación de poderes».
Por este motivo, el Parlamento opositor reitera que es necesario reformar el sistema judicial del país y alertan sobre los planes del chavismo de reestructurar la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para intentar engañar a la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga la situación de Venezuela.
Insisten en que una reforma al Poder Judicial solo podría concretarse mediante un acuerdo político, por lo que recalcan la necesidad de retomar la negociación en México y postular en la agenda un acuerdo para designar un Poder Judicial independiente, autónomo y no impuesto unilateralmente.
