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Entre conuco y latifundio, por Teodoro Petkoff



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Teodoro Petkoff | enero 13, 2005

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El latifundismo como fenómeno socio-económico fue esencialmente descalabrado por la Reforma Agraria, entre 1961 y mediados de los 70. Millones de hectáreas de tierra fueron entregadas a centenares de miles de familias campesinas. Además, el veloz desarrollo capitalista del campo no sólo creó una significativa clase media rural y transformó a una parte considerable del campesinado en proletariado rural sino que algunas de las grandes fincas latifundistas, sobre todo en el sur del Lago de Maracaibo, fueron transformadas en modernas haciendas capitalistas. Hablar hoy semifeudalismo en el campo es un sin sentido. Sin embargo, todavía subsisten 500 y pico de propiedades (entre casi 400 mil) que responden a la calificación de latifundios (tanto con los criterios de la antigua Ley de Reforma Agraria como con los de la Ley Tierras) y, además, algunas de ellas crecieron ocupando tierras la nación o adquiriéndolas de los campesinos.

 

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No obstante, la Reforma Agraria en otros sentidos fue bastante chucuta (precaria ayuda técnica, créditos mezquinos, expansión del conuquerismo, casi nula organización de nuevas formas de asociación para elevar la mecanización y la productividad en las parcelas campesinas) y muchos campesinos abandonaron las tierras, vendieron bienhechurias y migraron hacia las barriadas miserables de las grandes ciudades. El Estado mismo quedó como propietario de millones de hectáreas, la mayor parte ociosas. Dar continuidad a la Reforma Agraria que se pasmó a mediados de los 70 es un objetivo nacional, para terminar de liquidar algunos bolsones de injusticia social que existen en ciertas zonas del país rural. En este sentido, habría que acoger con criterio positivo lo esencial de las iniciativas que el gobierno lleva adelante en esta esfera.

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Pero el gobierno intenta magnificar el alcance de aquellas, con visible intención política. Sobredimensiona la magnitud del latifundismo y de las medidas que toma. Oyendo a Chávez, los ramonet de este mundo y otros miembros de “Pajúos sin fronteras” creen que aquí estamos ante una gesta a lo Emiliano Zapata. Como lo hemos dicho anteriormente, este no es el México de 1910 y ni siquiera la Venezuela de 1960, desde el punto de vista de la estructura de las relaciones sociales y de producción en el campo. No hay que confundir la estridencia del discurso con la sustancia de lo que se hace. Ya una vez los diagnósticos equivocados, tremendistas y truculentos, salidos de los laboratorios del golpismo, llevaron a costosos errores. Ojo, pues. De hecho, el decreto del Poliedro tiende a uniformar la acción de los gobernadores, dado el riesgo de desorden y desorganización que creó la carrera demagógica entre estos. Hasta ahora lo que hay es verificación de títulos de propiedad, determinación de linderos, ubicación de tierras ociosas, etc. No hay expropiación ni confiscación. El proceso, tal como se adelanta hasta ahora, si algo demuestra es la inoperancia de la Ley de Tierras. En este sentido, la ley de 1960 era muchísima mejor, pero el complejo de Adán de Chávez lo llevó a promulgar un mamotreto con el cual es bien poco lo que se puede hacer. Urgido por la necesidad de resultados ha tenido que apelar a procedimientos heterodoxos, paralelos a la Ley de Tierras y con el Inti en lugar secundario -un miembro más de la flamante Comisión Agrícola Nacional creada en el Poliedro.

 

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Ojalá que todo esto no sea más bulla que cabuya y que esta nueva intentona no termine también en una experiencia semifrustrante como la de los 60-70. Si de todo esto salen unas decenas de miles de familias campesinas con tierras, organizadas de modo tal que puedan mecanizar su actividad y elevar su productividad, con créditos accesibles y rápidos, con ayuda técnica, incorporación a los canales de comercialización, planes de vivienda y creación de centros poblados, entonces el campo será mejor. Pero si no es así, entonces el propio impacto de las medidas, subordinadas al interés político, no compensaría los daños que podría causar en la actual inversión y producción agrícola y en la propia economía en general.

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