En tribunales de Nueva York y Londres persisten 11 demandas de bonistas contra Venezuela
Analistas afirman que la deuda externa de Venezuela es lo primero a resolver para la reconstrucción del país. Un informe de Cedice Libertad estima que las acreencias ascienden a $162.000 millones, de los cuales $80.920 millones corresponden a capital e intereses que se dejaron de pagar por bonos de la república y de Pdvsa emitidos en el mercado internacional
El endeudamiento de Venezuela sigue generando preocupaciones debido a los pocos recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos pactados en estos últimos 20 años y ante la posibilidad de perder activos valiosos para el país.
El ritmo de crecimiento de la deuda externa venezolana ha disminuido, sin embargo, continúa creciendo como una gran bola de nieve a medida que se dejan de cancelar los intereses de los bonos que se cotizan en el mercado internacional y mientras se condene a la república a pagar indemnización por demandas producto de las expropiaciones.
El monto del endeudamiento es de tal magnitud que un informe publicado por Cedice Libertad lo denominó como La monstruosa deuda venezolana, al estimarla en 162.000 millones de dólares. De esta cifra, $80.920 millones corresponde a los bonos de deuda externa de la república, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Elecar (ahora Corpoelec), de los cuales, $58.800 millones corresponden a capital y $22.120 millones en intereses a octubre de 2022.
La administración de Nicolás Maduro dejó de honrar los pagos de los títulos de deuda a finales de 2017, y desde entonces el país fue objeto de demandas por parte de bonistas, los cuales se sumaron a las causas ya existentes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial abiertas por empresas extranjeras luego de la política de estatización y nacionalización ejecutada en la presidencia de Hugo Chávez.
En este sentido, desde 2018 se encausaron 16 juicios o demandas en cortes internacionales por parte de los bonistas: 15 en tribunales de Nueva York (EEUU) y uno en Londres (Inglaterra), de ellos 13 son contra la república y tres contra Pdvsa. Andrés Carrasquero, abogado experto en derecho internacional y laboral, indicó que aún están pendientes y en curso 11 de estos casos.
Recordó que los bonos en default o impago corresponden a las 25 emisiones que hicieron la república, Pdvsa y Elecar desde 1997 y 2016. «A partir de este año el mercado internacional se encontraba saturado de colocaciones de papeles de deuda venezolana y se hizo más caro emitir, es por ello, que una de las últimas colocaciones se utilizó a Citgo como colateral», dijo el también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un foro organizado por Cedice en donde se presentó el informe.
Son muchos los bonistas de deuda venezolana, pero su identificación se desconoce debido a que esta información no es pública. Sin embargo, se han identificado varios tenedores que son inversionistas institucionales y que agrupan a varios, entre ellos: BlackRock Inc., Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Greylock Capital, Pimco y T Rowe Price.
Varios de estos bancos de inversión han apuntalado las demandas contra Venezuela. Informaciones de agencias de noticias señalaron que han hecho lobby con el gobierno norteamericano, para levantar las sanciones que les impide negociar deuda venezolana. Mientras que la administración de Maduro ha intentado negociar sin éxito con los tenedores de bonos.
Carrasquero acota que muchas personas se preguntan el porqué ha sido bajo el número de demandas por parte de los bonistas, ante la gran cantidad de emisiones que se han dejado de pagar. Explicó que la poca litigiosidad se debe a los elevados costos de demandar y llevar un juicio en los tribunales de Nueva York o Londres. Por ejemplo, en los casos que tienen sentencia, se ha condenado a Venezuela a pagar los honorarios de abogados y demás costos incurridos por los demandantes; estos costos se han estimado entre $220.000 y $525.000.
Destacó, además, la complejidad de lograr la ejecución forzosa de una eventual sentencia que condene a Venezuela a pagar lo adeudado, la dificultad de poner de acuerdo a los diferentes tenedores de una emisión para acelerar el bono y demandar, y/o la preferencia por esperar un acuerdo de reestructuración de la deuda.
Recalcó Carrasquero que para llegar a buen término con estas demandas, Venezuela puede entrar a un proceso de negociación con los tenedores de bonos y acordar un plan de reestructuración. No obstante, sostuvo que para cambiar las condiciones de estos bonos con miras a una reestructuración, siguen siendo un obstáculo las sanciones de Estados Unidos y el contexto político actual.
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Para Ramón Escovar Alvarado, abogado experto en arbitrajes, la deuda externa venezolana es el primer tema a resolver para la reconstrucción del país, independientemente del resultado político, ya que es un tema que tiene ciertas afectaciones para todos. Indicó que hasta la fecha ha sido muy difícil determinar el monto exacto del endeudamiento externo, debido a la opacidad de la finanzas públicas, pero lo que se ha logrado determinar resulta significativo para un país con pocos recursos.
«El monto de la deuda externa en 2022 es de 162.000 millones de dólares, aproximadamente, una cifra asombrosa si se compara con la de 1998 de 51.900 millones de dólares. Este endeudamiento actual equivale a 230% del PIB (producto interno bruto) cuando hace más de 20 años era un tercio. Somos un país altamente endeudado y con reservas insuficientes», afirmó en el foro de Cedice.
Reiteró que a pesar de las deficiencias en la información oficial, se prevé que del total, existe una deuda por bonos y papeles comerciales de la república y Pdvsa por $90.000 millones, una deuda por arbitrajes de $20.000 millones y un endeudamiento con China por $25.000 millones. Se desconoce cómo va la deuda con Rusia y la deuda comercial con proveedores.
A juicio de Escovar Alvarado, el gran exponente de la deuda venezolana fue la política de expropiaciones, la cual tuvo un impacto económico y legal en el país. «De 58 arbitrajes contra Venezuela, 22 han terminado en condena, 15 casos se terminaron por razones procedimentales, siete terminaron en acuerdos y 14 aún están siendo tramitados. Las demandas han sido de 74.500 millones de dólares y 18.000 millones han sido obligados a pagar tanto la república como Pdvsa, es decir, 24,2% del monto demandado».
Por otra parte, si bien se han incrementado los juicios con motivo del default en los títulos que se cotizan en el mercado internacional, el monto total demandado todavía es solo una pequeña porción del total de la deuda derivada de los bonos (2,53% aproximadamente).
El Bono Pdvsa 2020 (que fue el primer título de deuda que la administración de Maduro dejó de pagar) es el único que cuenta con un colateral, es decir, una garantía en caso de impago contra un activo: 50,1% de las acciones de Citgo Petroleum Corp., la refinería venezolana en EEUU y, cuya validez jurídica es discutida, ya que la estructuración no contó con la autorización de la Asamblea Nacional y actualmente la ejecución del colateral cuenta con un obstáculo: el régimen de sanciones que impide cualquier acción jurídica sobre esta empresa a través de una licencia otorgada por la OFAC.
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Negociar o demandar a Venezuela
Los inversionistas tienen más posibilidades de cobrar deuda a Venezuela al negociar que a través de una demanda, sostuvieron los analistas presentes en el foro de Cedice Libertad.
En el análisis de los resultados publicados en el informe La monstruosa deuda venezolana les lleva a señalar que la defensa de la república ha sido exitosa en lograr un 24,2% de pago y no el 100% exigido. Se explicó que los afectados han salido más favorecidos al decidir llegar a un acuerdo de mecanismos de pago que demandar.
«A los inversionistas les ha sido más eficiente negociar con Pdvsa o la república», dijo Ramón Escovar Alvarado.
El abogado Andrés Carrasquero indicó que para solucionar el grave tema del endeudamiento venezolano se han propuesto a nivel académico y en otras jurisdicciones varias alternativas. Una de ellas es un procedimiento de quiebra de Pdvsa, donde se organice el patrimonio a efecto de pagarles a los acreedores, entre ellos, los bonistas, para luego ceder las autorizaciones, licencias y derechos a una nueva entidad.
«También se ha puesto en la mesa de discusión como propuesta una operación de permuta de deuda por acciones en empresas públicas como sucedió recientemente en República Dominicana con la refinería Refidomsa; otra es una medida general de protección de activos a través de la constitución de fideicomisos y/o obteniendo descuentos por los bonos», dijo.
Al ser consultado sobre qué ocurriría si en enero de 2023 deja de existir el gobierno interino, Escovar Alvarado considera que tanto Estados Unidos como Inglaterra tendrían que reconocer el mandato de Nicolás Maduro, esto según el derecho público internacional. «Esto daría oportunidad de sentarse a negociar, a menos que se califique a Venezuela como un Estado sin gobierno».
En el informe de Cedice se afirmó igualmente que Venezuela y sus acreedores necesitan acordar una reestructuración de la deuda pública externa, ya que el país no tiene la capacidad para pagar los compromisos asumidos ni los acreedores pueden lograr obtener el pago de lo que se les adeuda. «Los dos gobiernos que se disputan la representación de Venezuela convergen en la necesidad de llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda».
Mientras todo esto ocurre, los precios de la deuda venezolana se mantienen en baja. Hoy, la deuda de Venezuela en el mercado internacional es crítico al punto de que los bonos de la república se cotizan a 7,55 dólares en promedio, mientras que los de Pdvsa en dos dólares. Es por ello que en este contexto, algunos inversionistas se han adelantado para comprar deuda venezolana, al prever un posible levantamiento de sanciones por parte del gobierno norteamericano.
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