En claves: ¿por qué los transportistas fueron a paro y mantienen la amenaza de conflicto?
Los transportistas mantendrán el reclamo por mejoras de su seguridad social. Denunciaron que el Estado desconoce las necesidades del sector y que por esta razón no «escucha» las recomendaciones del sector. Entre las propuestas que han elevado al Ejecutivo se encuentra la habilitación de un bono de transporte para los trabajadores de la administración pública que les permita costear su pasaje sin descompletar sus ingresos
El sector transporte advierte sobre nuevas protestas tras el paro del pasado lunes 16 de marzo. La protesta, calificada por el gremio como una medida pacífica ante la asfixia económica, paralizó las principales ciudades y desnudó la precariedad de la movilidad pública. En Caracas, ante el colapso del Metro y la insuficiencia de las unidades de Metrobús, las autoridades recurrieron nuevamente a las llamadas «perreras» para el traslado de ciudadanos en camiones no aptos.
El descontento de los transportistas trasciende la exigencia de una tarifa a 120 bolívares. La crisis responde a un rezago estructural: el mantenimiento mínimo de una unidad oscila entre $600 y $1.000, mientras 30% del parque automotor permanece inoperativo por falta de presupuesto.
Aunque los usuarios tildan de «abuso» el cobro de 100 bolívares sin Gaceta Oficial, los conductores denuncian que la ausencia del documento legal los expone a detenciones arbitrarias y confrontaciones violentas en las paradas.
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Representantes del gremio de transporte apuntaron a TalCual varios puntos claves que continuarán reclamando:
- Anclaje del pasaje a la divisa.
El gremio exige indexar la tarifa a un rango de entre 0,30 y 0,50 centavos de dólar. Esta medida busca que el pasaje se ajuste mensualmente según el desempeño del bolívar frente a la moneda estadounidense. Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi, alertó que sin este ajuste la estructura de costos es insostenible: «Si no se atiende la situación, podemos llegar al escenario de 2017, cuando el transporte era precario», sentenció.
El artículo 143 de la Ley de Transporte Terrestre establece que las autoridades deben regular y fijar las tarifas del pasaje en el primer trimestre del año, basándose en estudios de orden técnico, económico y financiero. Sin embargo, fuentes del sector, explicaron a TalCual que los últimos aumentos que se han dado en el país fuera del período de tiempo que establece la norma han sido incrementos «vía exhorto».
«La realidad es que esta ley choca con la realidad en los actuales momentos debido a que no se puede congelar una tarifa por un año al existir una devaluación diaria de nuestra moneda. El último ajuste fue en diciembre vía exhorto, motivado a la misma situación. Al no estabilizar la economía continuaremos con la misma problemática», dijo Jiménez.
- Devolución de unidades confiscadas por motivos políticos.
Una de las denuncias más críticas es la retención de vehículos desde la campaña presidencial de 2024. Jiménez, quien también es abogada y afectada, denunció que el Estado mantiene unidades bajo custodia solo por prestar servicios de traslado en marchas de la oposición. El sector afirma que no existe asidero legal para estas medidas, especialmente cuando el oficialismo utiliza de forma habitual a los transportistas para sus propias movilizaciones políticas.
- La trampa de la autorización verbal sin Gaceta.
Nelson Vivas, representante de la Asociación de Conductores La India, y Jiménez aclararon que la mayor exigencia es la publicación de la Gaceta Oficial. Aunque autoridades del Estado autorizaron el cobro de 100 bolívares desde el 6 de marzo, la falta del documento generó confusión. Esta irregularidad derivó en la detención de conductores por parte de funcionarios policiales que desconocían el ajuste, un escenario que el gremio exige no repetir.
- Bono de transporte para el trabajador
Ante el bajo poder adquisitivo de los venezolanos, Vivas y Jiménez proponen que el Estado apruebe un bono de transporte directo para los empleados de la administración pública. Los transportistas reconocen que el pasaje representa un gasto cuesta arriba para quienes perciben salarios precarizados, por lo que el beneficio estatal aliviaría la carga tanto del usuario como del prestador del servicio.
Lo que dijo el gobierno del paro
Delcy Rodríguez aseguró que el paro de transporte que se llevó a cabo el 16 de marzo en parte de Caracas se planificó desde el exterior y señaló a los transportistas de no hacer «lo correcto» para lograr el aumento del pasaje.
«Todos, todos, sin excepción, van a ser escuchados … nosotros estamos para escuchar a todos los sectores, para escuchar sus aspiraciones, para escuchar sus problemas. Pero yo lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se sigue activando sectores extremistas en el país. Ahí está, hoy hubo un paro«, dijo Rodríguez durante un encuentro con el sector educativo transmitido en VTV.
Indicó además que aunque «intentaron parar el transporte en la ciudad capital», su llamado es «a que Venezuela trabaje, y que dejen trabajar a quien quiera trabajar».
En 2025, el sector transporte realizó tres incrementos del pasaje urbano. El primero se produjo en abril, cuando la tarifa subió de Bs 15 a Bs 23, formalizado en la Gaceta Oficial número 43.114. Cinco meses después, en septiembre, se autorizó un segundo ajuste, de Bs 23 a Bs 40, aprobado en la Gaceta Oficial 43.218; y en diciembre los transportistas en Caracas comenzaron a cobrar Bs 60 por el pasaje urbano sin que el ajuste se hubiese publicado en la Gaceta Oficial.
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