Empresas fantasmas cobraron hasta $450 por salvoconductos a venezolanos
El Pitazo documentó 50 casos de venezolanos que abandonaron Estados Unidos con permisos de viaje obtenidos en el mercado negro. La falta de consultados venezolanos en ese país le sirvió a una red de intermediarios para vender un documento oficial
Un reportaje de la Unidad de Investigación de El Pitazo expone una red de corrupción que se lucró con la emisión de salvoconductos para venezolanos que salieron de los Estados Unidos entre los años 2024 y 2025.
Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno de ese país revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y otros permisos a extranjeros. Más de 600.000 venezolanos resultaron afectados por esta decisión. A partir de entonces, una parte de la población migrante decidió abandonar Estados Unidos para volver a territorio venezolano.
Salvoconductos en negro: empresas fantasma vendieron permisos de viaje a venezolanos que abandonaron Estados Unidos, detalla el funcionamiento de un mercado ilegal que comercializó el permiso de viaje, exigido a los venezolanos sin pasaporte vigente, para entrar a Venezuela.
La investigación revela las operaciones de al menos tres operadores, que a través de agencias de viaje y funcionarios consulares, cobraron tarifas excesivas por documentos tramitados fuera de los canales legales.
Las empresas Trámites Fénix, Salvoconducto Venezuela y Vuela Seguro con Global X emitieron salvoconductos, un documento oficial venezolano con un costo legal de 60 dólares, a precios más elevados: entre 200 y 450 dólares.
El Pitazo documentó 50 casos de ciudadanos que volvieron con salvoconductos adquiridos con gestores. Algunos fueron víctimas de estafas o extorsiones y sometidos a interrogatorios por agentes de seguridad del Estado al entrar a territorio venezolano.
Las redes de intermediarios que conseguían salvoconductos operaban de manera informal, utilizando plataformas digitales y recomendaciones de agentes de viaje para conectar con venezolanos que necesitaban retornar al país, pero no tenían opción para renovar sus pasaportes.
Las empresas fantasma exigían pagos en divisas o a través de la plataforma bancaria de Estados Unidos Zelle y el uso de rutas aéreas específicas, aprovechándose de la desesperación de las familias.
La investigación describe cómo la ineficiencia institucional en Venezuela fomentó un sistema paralelo que vulnera el derecho a la identidad de sus migrantes.
Durante 2025 en las sedes oficiales, como la Cancillería en Caracas, los funcionarios decían a los familiares que no existían mecanismos disponibles para procesar salvoconductos desde Venezuela. Esta directriz cambió en marzo de 2026.
Además, las sedes consulares responsables, como la Embajada de Venezuela en México, no respondieron correos electrónicos ni solicitudes presenciales de los familiares para otorgar el salvoconducto antes de la fecha de viaje. Hay casos donde los empleados públicos llegaron a cuestionar y juzgar a los ciudadanos por emigrar.
Este trabajo también muestra los riesgos de la población migrante que intenta retornar voluntariamente o por deportación bajo condiciones administrativas precarias. Muchos solicitantes han sido obligados a comprar pasaje aéreo con un agente de viajes indicado por los propios gestores. Para borrar rastros de la transacción, los intermediarios ordenan eliminar los chats y contactos antes de ingresar por Maiquetía.
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