Elías Matta: «Recuperar 15% de la capacidad inactiva acabaría con los apagones»
El ingeniero y exdiputado Elías Matta ofreció en Noche D de TalCual un diagnóstico descarnado de la crisis eléctrica venezolana y una hoja de ruta técnica para salir de ella. Responsabilizó al mal manejo, la corrupción y la desinversión acumulados durante décadas, y advirtió que sin romper el monopolio estatal y permitir la participación privada no habrá solución posible a los apagones
El estado Zulia lleva dieciséis años con racionamiento eléctrico. Son dos generaciones de venezolanos que han crecido sin saber lo que es un suministro estable. Así lo recordó Elías Mata, ingeniero y exdiputado nacional, durante su participación en el programa Noche D de TalCual, donde analizó en detalle las causas de la crisis eléctrica y los pasos que, en su criterio, permitirían revertirla.
«Un país sin electricidad no es país», afirmó Matta desde el inicio de la conversación. «Hoy el mundo se mueve con electricidad».
Matta fue enfático al señalar la distancia entre el discurso oficial y la realidad técnica. Mientras voceros del gobierno han atribuido los apagones a picos de consumo de hasta 15.000 megavatios —argumentando que los venezolanos tienen más electrodomésticos y deben ahorrar—, el exdiputado recordó que Venezuela llegó a tener una capacidad instalada de casi 34.000 megavatios, más del doble de esa cifra.
«El problema de los apagones no es el consumo. El problema es cuánto de esa capacidad instalada funciona», señaló. Y la respuesta, dijo, está en décadas de mal manejo, desinversión y corrupción. Una investigación de la Asamblea Nacional a través de su Comisión de Contraloría cifró en más de 100.000 millones de dólares lo derrochado en el sistema eléctrico nacional.
Casos como el de Derwick Associates o el de Tocoma —represa cuya construcción debía costar 3.000 millones de dólares y ya acumula entre 7.000 y 8.000 millones sin haber producido un solo megavatio— ilustran, según Matta, el alcance del desastre.
Guri, incapaz de superar los apagones
Hoy, el 70% o más de la energía que recibe Venezuela proviene del complejo hidroeléctrico del Guri. Una dependencia peligrosa, advirtió Matta, agravada porque varias de sus turbinas están dañadas —se habla de entre seis y siete, aunque la opacidad oficial impide confirmarlo— y la red de transmisión que distribuye esa energía al resto del país se encuentra en estado de deterioro.»Puedes tener el Guri perfecto, pero si no tienes cómo distribuir la energía, está atrapada», explicó.
Después de todo, el complejo hidroeléctrico no debería cargar con el peso de casi todo el sistema, pues no aguanta para evitar los apagones.
Su hoja de ruta si le preguntaran qué hacer para acabar con los apagones comenzaría por ahí: reparar las turbinas dañadas del Guri, restaurar las líneas de transmisión, terminar Tocoma —donde apuntó que hay conversaciones en curso entre el gobierno venezolano y un fondo norteamericano dueño de la empresa que fabricaba las turbinas— y recuperar las plantas termoeléctricas del Zulia, en particular la planta Zulia y Ramón Laguna.
«Si logras recuperar entre el diez y el quince por ciento de lo que está hoy inactivo, acabas con la pesadilla de los racionamientos», aseguró.
La oportunidad de la nueva ley eléctrica
Matta reconoció cinco aspectos positivos en la reforma de la ley eléctrica que se discute actualmente, en particular la apertura —plasmada en su artículo 61— a la participación privada en las cuatro áreas del sistema: generación, transmisión, distribución y comercialización. «Si no se rompe el monopolio del Estado y no se permite que los privados participen, no hay solución», sostuvo.
Sin embargo, identificó tres fallas que, a su juicio, harían inviable la reforma tal como está planteada. La primera: la ausencia de un ente regulador autónomo. En el texto actual, es el propio Estado —propietario del sistema— quien regularía a los privados con los que compite, lo que no ofrece garantía alguna a los inversionistas.
La segunda falla es la falta de un mercado mayorista de electricidad, que permita a los generadores privados vender sus excedentes libremente y fijar precios razonables. Sin ese mecanismo, dijo, el ministerio controlaría quién vende y a qué precio, desincentivando cualquier inversión.
La tercera es la ausencia de seguridad jurídica: la ley no establece mecanismos que protejan al inversor si el Estado modifica las condiciones del contrato, ni la posibilidad de dirimir controversias ante organismos comerciales internacionales.
«Esas tres cosas son claves para que esta reforma camine como tiene que caminar», afirmó Mata, quien trazó un paralelo con la ley de hidrocarburos: «Nunca nos pararon pelota cuando hicimos esas observaciones, y ahora dicen que los norteamericanos están pidiendo cambios. Bueno, nosotros se los advertimos».
¿Luz para las petroleras o para los venezolanos?
Mata también abordó la preocupación de que la recuperación del sistema eléctrico pueda priorizarse en función de las zonas de operación de empresas petroleras estadounidenses, dejando de lado a la población. Su respuesta fue que ambas cosas no son excluyentes: si se abre el negocio con garantías reales para los privados, el incentivo de estos será generar y vender la mayor cantidad posible de electricidad, tanto a la industria como a los hogares. «Eso es lo que ocurre en Perú, en Colombia, en Brasil», señaló.
Antes de despedirse, Matta hizo un llamado al gobierno a presentar un plan serio con tiempos, y apuntó que los recursos existen: «Ahí están cinco mil millones en el Fondo Monetario Internacional, en derechos especiales de giro. Hay posibilidades de que ese dinero se encuentre y se pueda resolver el problema».
*Lea también: Fuertes lluvias provocan inundaciones en comunidades del Alto Orinoco
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
