Elección del Defensor del Pueblo: el criterio de defender DDHH se diluye entre postulados
Una veintena de postulados al cargo de Defensor del Pueblo ha estado vinculado a partidos políticos o al Estado venezolano en años recientes. Al menos siete entran dentro del criterio de «demostrada competencia en materia de derechos humanos»
La Asamblea Nacional ha mantenido silencio respecto a la elección del próximo Defensor o Defensora del Pueblo, tras la renuncia de Alfredo Ruiz el pasado 25 de febrero. Si bien el lapso para presentar los candidatos a la plenaria se venció el pasado 27 de febrero, según un cronograma elaborado por Acceso a la Justicia, ni el Comité de Postulaciones o la junta directiva han ofrecido detalles sobre el asunto.
Después de haber recibido, evaluado y admitido 59 postulaciones, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, pidió una extensión extemporánea de recepción de credenciales el 24 de marzo. Esto, según el diputado, debido a la falta de «consenso» para la designación de los titulares del Poder Ciudadano.
Esa extensión se produjo el mismo día en que el ministro Ernesto Villegas retiró su postulación, tras serios cuestionamientos por sus actuaciones en las protestas de 2017 y la narrativa que intentó implantar sobre la muerte de Juan Pablo Pernalete.
Con Villegas fuera de contienda, se recibieron 18 nuevas postulaciones. Del total, al menos una veintena ha estado vinculado a partidos políticos o al Estado venezolano en años recientes.
La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece unas condiciones de elegibilidad (artículo 19) para aspirar al cargo:
- Nacionalidad venezolana
- Mayor de 30 años
- Con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos
- Debe cumplir exigencias de honorabilidad, ética y moral en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Asimismo, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo expresa que «el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo… es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo o actividad de carácter político-partidista, sindical, gremial o asociativo».
El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, ha destacado que el principal requisito –»la demostrada competencia» en DDHH– se comprueba «con la defensa efectiva de casos de violaciones de derechos humanos, no con un diplomado o por ejercer el periodismo o la abogacía».
Bajo ese marco, hay figuras que deberían entrar en la terna final: el coordinador de la Escuela de Educación de la UCAB, Carlos Calatrava, el sociólogo y uno de los fundadores de Surgentes, Antonio González Plessman; el presidente de la Fundación «Embajada de Derechos Humanos», Fernando Bello; el presidente de la Federación Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Ignacio Ramírez; el abogado penalista Fernando Gasiba; la abogada y activista feminista Arleth Figueredo o el exprocurador Luis Beltrán Guerra.
También hay postulados que llaman la atención por sus vinculaciones políticas. Una de ellas es la exministra de Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, en cuya gestión se registraron denuncias reiteradas de violación a los derechos humanos de los privados de libertad y tomas armadas en cinco penales del país, entre ellos la cárcel de Tocorón (2023).
Enrique Ochoa Antich fue miembro fundador y pertenece a la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS). Marialbert Barrios fue diputada (2015-2020) por Primero Justicia. Emilio Graterón fue alcalde de Chacao (2008-2014) y dirigente nacional de Voluntad Popular. Los embajadores Julio César Pineda, quien fue uno de los candidatos a la gobernación de la Guayana Esequiba, y Vladimir Villegas, hermano del ministro de Cultura, también han tenido clara vinculación a sectores políticos.
Carlos Granadillo Sierra fue síndico procurador del Municipio Libertador (Distrito Capital) y posa sin reparo alguno con cuadros de Hugo Chávez. Julio César Lattan es presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, vinculado al chavismo. Juan Bautista Mirabal es director del Centro de Formación de la UNES.
Los abogados Juan Carlos Laya Peñaranda, Gabriel Guerrero, Karin Alvarado y Pedro Natera Piñerúa se postularon en las elecciones regionales de 2025. Joel Oloyola, Doriani Rodríguez, Jelitza Bravo Rojas, Edgar Fuenmayor y Tomás Aguilera fueron candidatos a jueces de paz.
Asimismo, hay figuras –algunas controversiales– para el cargo de Defensor del Pueblo que ya se han sometido a los Comités de Postulaciones de la Asamblea Nacional. La exfiscal titular en materia de responsabilidad penal del adolescente Adreana Meaño fue despedida en 2024 al postularse al cargo de Fiscal General por su entonces jefe, Tarek William Saab. El TSJ desestimó sus acciones de amparo constitucional ante su despido arbitrario.
Gilberto Landaeta Gordon se desempeñó como fiscal 8° nacional e integró el equipo que investigó el asesinato de Danilo Anderson (noviembre de 2004). Su actuación, recuerda Transparencia Venezuela, fue cuestionada por supuestamente tolerar abusos y malos tratos contra algunos sospechosos. Fue retirado del caso y posteriormente destituido, luego de un incidente con la Policía de Vargas en 2006, por el que fue procesado por abuso de autoridad y porte ilícito de armas. En 2011 fue sobreseído por esa causa y en 2022 entró en la selección para ser magistrado del TSJ.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
