El secreto mejor guardado del Caribe, por Teodoro Petkoff
La situación en el sur del lago de Maracaibo está tomando un giro inconveniente. Se ha creado un clima de confrontación social completamente contraproducente para el propósito de superar una larga historia de abusos, injusticias e ilegalidades contra campesinos, que han tenido por escenario esas que son las mejores tierras agrícolas del país. En esa región la mayor parte de las tierras es del IAN o son baldías y, en principio, de acuerdo con la información proporcionada, se han entregado títulos de propiedad tanto a campesinos sin tierra como a campesinos que las ocupan desde hace años, en condición de pisatarios asentados por la Reforma Agraria. La semana pasada escribimos que «ni un metro cuadrado de tierra ocupada por ganaderos fue afectado por este típico acto de Reforma Agraria», regido por la respectiva ley, promulgada por Betancourt en 1961. Sin embargo, la información no parece completamente exacta porque hay denuncias de que han sido afectados varios pequeños fundos de 200 o 300 hectáreas, que si bien es cierto están asentados sobre tierras del IAN y por tanto ocupados precariamente, no es menos cierto que se trata de unidades de producción difícilmente catalogables como latifundios. No tiene sentido dividir estos fundos en minúsculas parcelas entre dos docenas de campesinos y mucho menos sin respetar lo que la ley establece en relación con el pago de bienhechurías. También parece que entre los bagres se han colado algunas guabinas y han sido entregados títulos y tierras a invasores profesionales o gente que nada tiene de campesina. Por otra parte, se ha informado de invasiones a tierras que no formarían parte de los lotes afectados, lo cual no se justifica dentro de un proceso regido por la autoridad agraria y dentro del marco de la ley. Puede comprenderse que años de abusos y arbitrariedades contra los campesinos hayan alimentado un sentimiento de revancha, que siente llegada su hora, y que ello conduzca a tomas arbitrarias de tierras, pero toca a la autoridad evitar esto para garantizar un proceso ordenado y no anárquico, a fin de que abusos de sentido contrario no distorsionen el proceso y lleven a conflictos innecesarios. No hay que ignorar, también, que parte de la alharaca la arman quienes quisieran mantener el statu quo y hasta vivos que pretenden cobrar dos veces bienhechurías que ya fueron pagadas anteriormente.
Todo esto demuestra algo que ya otras veces hemos apuntado. La necesidad de que el gobierno termine de presentar la Ley de Tierras, pero, sobre todo, que la elaboración de esta sea adelantada mediante un proceso amplísimo de consultas a todos los sectores involucrados, sin exclusiones. El misterio que rodea esta ley, que hoy es el secreto mejor guardado del Caribe, y las frecuentes y absurdas amenazas que el presidente lanza en su nombre, no hacen sino generar aprensiones y temores, que se acentúan cuando, aún antes de promulgarla, se procede, dentro del marco de la ley vieja, a llevar adelante una reforma agraria que, por bien intencionada que sea socialmente hablando, puede terminar por provocar un verdadero desastre en el aparato productivo agrícola del país
