El petróleo venezolano sale pero los dólares no entran completos a la economía
A diferencia del acuerdo vigente durante la administración de Joe Biden —cuando Chevron vendía el crudo en Estados Unidos y depositaba en dólares la porción correspondiente al Estado venezolano en bancos privados del país, que luego canalizaban esas divisas hacia importaciones y actividad económica—, el nuevo mecanismo obliga a la petrolera estadounidense a pagar entregando crudo «en especie» a Pdvsa.
Ese petróleo no es comercializado por Chevron. Según datos internos de la estatal, toda la porción recibida del campo Petroboscán desde julio ha sido vendida por Shineful Energy, una empresa comercializadora vinculada al empresario panameño Ramón Carretero, sancionado la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por trabajar «en nombre del Gobierno venezolano» y mantener negocios con la familia de Nicolás Maduro.
Desde julio, esa empresa habría vendido cerca de 11 millones de barriles —unos 500 millones de dólares— cuyo destino principal ha sido China. Fuentes del sector petrolero venezolano describen estas operaciones como complejas y señalan que incluyen mecanismos como el uso de criptomonedas. El resultado, advierten, es que no está claro dónde terminan esos recursos ni cómo se redistribuyen.
Lo que sí muestran los datos económicos es que ese dinero no se refleja en la economía formal: la cantidad de divisas que ha ingresado a Venezuela este año ha caído de manera marcada, incluso cuando las exportaciones petroleras han aumentado. Bajo el acuerdo anterior, los dólares no pasaban por el control directo del Gobierno, pero sí impactaban la actividad económica interna. Ese flujo hoy parece haberse interrumpido.
A esta opacidad se suma la estructura misma del comercio petrolero venezolano. Desde 2019, más de 400 buques han transportado petróleo o derivados del país, de acuerdo con datos de seguimiento marítimo citados por The New York Times. Esos tanqueros forman parte de una flota más amplia dedicada al comercio ilícito de crudo, que suele ocultar sus trayectorias para evadir controles.
Sin embargo, solo alrededor de 40% de los buques que han transportado petróleo venezolano han sido sancionados por Estados Unidos. Analistas señalan que el «bloqueo» anunciado por Trump esta semana parece aplicarse únicamente a esas embarcaciones ya designadas, lo que deja abiertas, al menos en teoría, otras vías para que el crudo venezolano siga llegando al mercado internacional.
Funcionarios de la administración estadounidense no han aclarado el alcance exacto de la medida. Aun así, la incautación reciente de un tanquero sancionado y otras operaciones en el Caribe han comenzado a generar cautela entre los operadores navieros. Datos de seguimiento muestran que varios buques que se dirigían a Venezuela dieron la vuelta en los últimos días, ante el riesgo creciente.
Venezuela produce actualmente unos 850.000 barriles diarios, una fracción mínima del consumo mundial, pero suficiente para sostener un entramado de exportaciones donde conviven licencias especiales, flotas sancionadas y comerciantes intermediarios. En ese esquema, mientras el petróleo sigue saliendo del país, los dólares parecen quedarse en el camino.
La Casa Blanca insiste en que su política busca impedir que el Gobierno de Maduro utilice ingresos petroleros para financiar la represión. «La administración ha sido consistente en negar cualquier financiamiento que el régimen de Maduro use para oprimir al pueblo venezolano», dijo una portavoz. El Departamento del Tesoro aseguró que monitorea de cerca el cumplimiento de las sanciones.
Chevron, por su parte, afirmó que sus operaciones cumplen con las leyes y que no participa en la venta del crudo correspondiente a Pdvsa.
El resultado, sin embargo, expone una contradicción central: el actual esquema reduce la transparencia sobre el destino de los ingresos petroleros y coincide con una caída de divisas en la economía formal venezolana, incluso en un contexto de mayores exportaciones y de un bloqueo que, por ahora, parece afectar solo a una parte de la flota que mueve el petróleo del país.
¿Qué más se sabe de Ramón Carretero?
Sobre Ramón Carretero, una investigación de Transparencia Venezuela en el Exilio, CLIP, La Prensa de Panamá y Armando.Info documenta cómo el empresario panameño fue favorecido con contratos millonarios del Estado venezolano desde 2013, en los inicios del gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Fundación Pro-Patria 2000 y otros entes públicos. El reportaje detalla que, mientras sus empresas recibían cerca de 700 millones de dólares en adjudicaciones para obras y suministros, al menos 5,8 millones de dólares fueron transferidos en 2014 a empresas y cuentas vinculadas a una sobrina de Cilia Flores y a su entonces esposo, en presuntas coimas detectadas por bancos en Panamá y Curazao.
Documentos financieros, vuelos privados compartidos, sociedades comunes y alertas de cumplimiento bancario reconstruyen un esquema de contrataciones, pagos cruzados y enriquecimiento que se mantuvo pese a investigaciones, sanciones posteriores y el colapso de las entidades financieras usadas para mover los fondos.
Una segunda entrega de la misma alianza periodística, reveló que el accidente aéreo ocurrido en septiembre en Maiquetía, en el que sobrevivió el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, dejó al descubierto una red de influencias que conecta a las cúpulas de los regímenes de Venezuela y Cuba.
A partir de bitácoras de vuelo, registros migratorios y documentos oficiales, el reportaje documenta cómo aeronaves utilizadas recurrentemente por Carretero sirvieron para viajes frecuentes entre Panamá, Caracas y La Habana, en algunos de los cuales participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
La investigación también expone que un antiguo empleado del Grupo Carretero fue nombrado embajador de Panamá en Cuba, pese a no tener carrera diplomática, y que empresas del empresario han sido beneficiadas durante años con contratos millonarios del Estado venezolano, configurando un triángulo de negocios, poder político y movilidad aérea privada entre ambos regímenes.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
