El pecado de firmar, por Teodoro Petkoff
Autor: Teodoro Petkoff
En días pasados, un funcionario venezolano de una embajada europea en Caracas fue a una oficina de la DIEX para tramitar la expedición de un pasaporte. En la entrada del local, un guardia nacional (primer fenómeno inusual) le pidió, amablemente, eso sí (segundo detalle poco usual) sus datos de identidad y finalizó el sumario examen con una pregunta definitivamente extraña: «¿Usted participó en el firmazo contra el Presidente?» El interpelado respondió afirmativamente.
Sin perder su amabilidad, el guardia le informó que, «lamentándolo mucho, para usted no hay pasaporte». De seguidas le sugirió, como alternativa, que concurriera a un sitio determinado, donde declarando que su firma había sido utilizada indebidamente y que por tanto la desconocía, recibiría una constancia de ello, con la cual, retornando a la DIEX, podría obtener su documento. Suponemos, y ya esto es un ejercicio de imaginación, nada inverosímil, por lo demás, dado que la doctrina oficial es que todo ciudadano está obligado a demostrar que es inocente, que si la víctima de este atropello hubiese negado que había firmado, el guardia, consultando la página de sapeo universal que dirige Luis Tascón, habría terminado metiéndolo preso por «intento de engaño a la autoridad».
Tenemos otros dos casos totalmente documentados, con nombres y apellidos, de ciudadanos venezolanos que vivieron la misma experiencia. De modo que todo indica que no estamos ante un fenómeno casual, de algún guardia aislado, deseoso de hacer «méritos», sino ante instrucciones impartidas por la «superioridad» a todo el personal de la DIEX, para discriminar a los ciudadanos de este país con base en su posición ante el gobierno. Ya sabíamos que a los empleados públicos les cae encima la doctrina Capella, que imprudentemente hizo pública el ministro de Salud de ese apellido y cuya posterior autocrítica no significa, sin embargo, que la susodicha doctrina haya perdido vigencia. Ya antes de Capella, uno de los gerentes de Enelven, la empresa estatal de electricidad que opera en el Zulia, daba cuenta del despido de veinte empleados de la compañía exactamente con la misma «sinceridad» con que lo hiciera Capella. Un grupo de médicos del Pérez de León también recibió cartas de despido, precedidas de un discurso igualmente «franco».
Estamos, pues, ante un caso de apartheid político. Si a usted no le gusta el gobierno, pierde sus derechos ciudadanos más elementales. Usted comienza a vivir una suerte de exilio interior. Si esto constituye un fenómeno episódico, un acto de represión coyuntural o forma parte de todo un criterio represivo permanente, de clara inspiración totalitaria, lo dirá el futuro. Por ahora, vivimos una siniestra paradoja: las firmas de las que nos dicen los gobernantes que no sirven para el RR, sí sirven, sin embargo, como instrumento de persecución y represión política.
Pero lo cierto es que constituye un preocupante signo de los tiempos, ante el cual quienes primero deberían reaccionar son aquellos chavistas cuyo origen político está en las luchas populares contra las arbitrariedades, atropellos, crímenes y corrupción que se dieron durante gobiernos anteriores. Las lecciones de la historia son implacables. Muchos procesos de cambio social se hundieron en el fracaso y la ignominia cuando quienes sembraron sus semillas luego callaron, por miedo, por conveniencia, por oportunismo (y algunos, también, porque sacaron a flote ocultos instintos de perros de presa), ante las primeras arbitrariedades.
