El paro, por Teodoro Petkoff
Ya se sabe, el paro del próximo lunes será de 12 horas, entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Es una decisión inteligente y seria. Demuestra ella, al igual que la de proponer una línea de conducta apuntando a un horizonte electoral, que la impaciencia, el inmediatismo (y su evidente expresión golpista), cada día pierden más terreno entre los dirigentes de la oposición. Correlativamente, se afirman las tendencias democráticas, las que asumen una visión dirigida al mediano plazo, descartando el golpe militar como opción y fincando su acción en el desarrollo progresivo del movimiento de masas.
Un paro de 12 horas no es una jornada insurreccional sino una demostración cívica de rechazo a las políticas gubernamentales. No es, como algunos gustaban autoengañarse en episodios anteriores de protesta ciudadana, una «batalla final». El lunes 21 no plantea la caída del gobierno sino que será un paso más en el robustecimiento del movimiento nacional de oposición. Ya está sobradamente demostrado que la truculencia y la fanfarronería no pueden sustituir eficientemente -más bien subrayan- la carencia de una estrategia definida. Dejar de lado aquellas, comprender que el asunto es de «paciencia y salivita», de formulación de proposiciones alternativas, discutidas y aprobadas en debate público y no en cenáculos golpistas (donde lo que se planifica es un arrebatón), es el camino. En este sentido, ha sido también muy importante la decisión de la mayoría abrumadora de la Coordinadora Democrática de firmar la declaración propuesta por la OEA, que condujo a aislar al extremismo inútil.
En cambio, en el gobierno se observa una acentuación de la arrogancia y de las tendencias represivas, en desmedro del tratamiento político de la coyuntura. El lógico derecho a la defensa es ejercido, sin embargo, mediante amenazas y actos de violencia. El ejercicio de un derecho democrático como es el de la protesta cívica pretende ser vulnerado mediante la intimidación y una campaña de terror en la cual las amenazas de saqueo son el plato fuerte. La declaración brutal que se atribuye a la señora Ron («negocio cerrado, negocio saqueado»), es sencillamente inaceptable. Pero más inaceptable aún es que ninguna autoridad la desmienta ni anuncie garantías para el orden público. Las bandas armadas tienen, pues, licencia para actuar impunemente. Como lo hicieron ayer en la Alcaldía Metropolitana y como lo hicieron la semana pasada en la Autopista Regional del Centro y en San Juan de los Morros.
Es verdad que quien quiera trabajar no puede ser impedido de hacerlo mediante la violencia, pero más cierto aún es que ni el gobierno, ni sus bandas armadas, pueden permitir o, peor aún, ejercer violencia contra quien no quiera trabajar. Un derecho es tan respetable como el otro. Un gobierno que nació de los efectos de un golpe militar mal puede vulnerar el derecho de protesta que otros ejerzan contra él. Pero, además, no nos cansaremos de repetirlo: el gobierno se equivoca. En este país nadie tiene miedo y las campañas de amedrentamiento lo que hacen es encorajinar a la gente. Ya lo verán.
