El negocio de las cárceles, por Teodoro Petkoff
En 1999, José Vicente Rangel comentó que el problema de las cárceles era el máximo dolor de cabeza que por entonces tenían. Se refería a un drama que viene de lejos, porque ninguna administración ha prestado atención verdadera a la cuestión penitenciaria. Para aquel entonces, tanto el ex defensor de los derechos humanos que había sido Rangel como el propio presidente electo —quien salió de Yare aparentemente horrorizado de lo que allí pasaba y prometiendo cambios a fondo— parecían sentir un compromiso ético y moral con la causa de diseñar una política de seguridad pública que incluyera la creación de un sistema penitenciario moderno y humano.
Ya bien avanzado su séptimo año de gobierno, rumbo al octavo, la situación carcelaria ha adquirido ribetes dostoyevskianos y el fracaso oficialista en este campo es estruendoso. Raspado también. Así fue evaluado, una vez más, en el primero de los foros que, dentro del marco de su quinto aniversario, ha organizado TalCual, y cuyo propósito fue el de responder la pregunta: ¿Existen derechos humanos en las cárceles? Los testimonios personales de la madre de un recluso y el de un ex recluso, así como las intervenciones del médico Eddy Salazar y del psicólogo Miguel Padrón, ambos estudiosos del tema penitenciario, y del abogado Humberto Prado, coordinador del Observatorio de Prisiones, fueron terminantes. Las cárceles venezolanas son uno de los círculos del Infierno de Dante (Ver en la página 6 el resumen del Foro) .
Prado presentó un programa orgánico y muy bien articulado para lo que podría ser una política penitenciaria moderna. ¿Por qué es tan necesaria ésta? Porque aunque la desaprensión generalizada ante lo carcelario –sobre la que se soporta la desidia y la negligencia del Estado– no lo crea así, una parte de la lucha por mejorar la seguridad pública pasa por impedir que las cárceles continúen siendo los poderosos factores criminógenos que son hoy día. En lugar de operar como instrumentos de rescate y reinserción social de los reclusos (en la medida en que ello es posible), actúan como focos de acumulación de resentimientos y odios que se expresan en nuevas y peores conductas delictivas. Una eficaz política de seguridad pública exige una nueva organización penitenciaria.
De paso, parte del asunto pasa por acabar con la cárcel como industria. ¿Quién maneja el negocio de las armas en las cárceles, lo cual produce ese brutal incremento de muertes por armas de fuego (¡!) dentro de los penales? Todos los dedos apuntan hacia efectivos de la Guardia Nacional. ¿Quién maneja el negocio de la droga y el licor dentro de los penales? Todo apunta hacia el personal civil, con “colaboración” de personal de la GN. ¿Quién maneja el negocio de los traslados a los tribunales, que cuestan un ojo de la cara? ¿Cómo se maneja el negocio de la comida, en penales donde comen 300 y se factura para mil? En definitiva, ¿quién maneja las cárceles? El Estado venezolano graduó algo más de 450 penitenciaristas. Sólo 47 de ellos ejercen las funciones para las cuales fueron formados. El resto está fuera del sistema, en otros menesteres. ¿Será posible, por Dios, que esta manga de inútiles que nos gobierna pueda hacer algo más que hablar paja?.
