El negocio de armar a los presos, por Teodoro Petkoff
De la tragedia carcelaria el único responsable es el Estado venezolano y, en particular, en los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez. Los hechos son demasiado elocuentes. Mucho más allá del colapso de los establecimientos penitenciarios, en los cuales el hacinamiento ha alcanzado niveles sobrecogedores; de la pésima alimentación, de la inexistencia de laborterapia y/o actividades culturales y educativas; más allá del retardo procesal, etc., etc., debe consignarse el escandaloso alcance de los asesinatos diarios en las distintas cárceles, hasta alcanzar pavorosas cifras anuales, todos o casi todos producidos por armas de fuego.
Ahora bien, la gran pregunta es: ¿Cómo y quién introduce las armas en los penales? ¿Cómo y quién puede meter en las cárceles desde pistolas y revólveres hasta metralletas, granadas y armas largas, incluyendo las recién adquiridas Kalashnikovs? Es obvio que los visitantes no pueden ser, pues los registros vejatorios, por cierto a que son sometidos, harían imposible hasta la introducción de una navajita. Tampoco, aunque no puede descartarse alguna participación, puede culparse a la exigua custodia civil de un tráfico de armas tan voluminoso e intenso.
La sospecha, pues, no puede sino dirigirse a la Guardia Nacional. Los integrantes de este cuerpo tienen acceso al armamento y cuentan con todas las facilidades que les da su contacto con los presos, para hacer entrega de ellas, previo pago, debe presumirse, de sus elevados precios. El gobierno está obligado a hacer una investigación muy a fondo sobre el comportamiento de funcionarios de la GN en las cárceles.
Se está discutiendo una Ley de Desarme en la Asamblea Nacional, pero cabe preguntarse cómo piensan hacer cumplir esa ley con millones de venezolanos que andan por las calles, si no son capaces de desarmar a unas pocos miles que están recluidos en recintos cerrados, supuestamente vigilados y controlados. La respuesta es abrumadoramente sencilla: no desarman a los presos porque el negocio es armarlos. ¿Desde qué nivel de la Guardia Nacional se dirige y aprovecha ese negocio? ¿Es cosa de guardias rasos, asignados a la custodia de un penal o estos son simples «empleados» de otros situados más arriba? Lo cierto es que no se puede continuar cerrando los ojos ante este siniestro «negocio» y mucho menos se puede continuar eludiendo la búsqueda de responsabilidades y el enjuiciamiento y sanción de los culpables. El horror de El Rodeo constituye ya un punto de inflexión. Creer que trasladar presos de esa cárcel a otras soluciona algo es la típica venta del diván del viejo y manido chiste.
Esas otras cárceles están también full de armas y en todas tienen lugar continuas y sistemáticas matanzas entre reclusos.
Ya no se puede demorar una limpieza a fondo de las cárceles y una desmilitarización de la custodia. Hay centenares de personas que estudiaron y se graduaron para cumplir la función de guardianes de cárceles. La inmensa mayoría está de sempleada. El gobierno está emplazado.
Y sus funcionarios y sus cilias flores no pueden continuar con la estúpida versión que pretende trasladar a la oposición su intransferible responsabilidad de garantizar un moderno sistema penitenciario.
