El juicio, por Teodoro Petkoff
El juicio y la condena a Carlos Ortega, por un delito tan indefinible e indefinido como el de “rebelión civil”, es un juicio político. Se juzgó una conducta política y la condena también posee significación política. El campo de la justicia está estrechamente acotado por coordenadas jurídicas y los jueces deben moverse dentro de ellas. El de la política posee un margen mucho más amplio. El juicio de los alzados el 4F y el 27N, desde un punto de vista estrictamente jurídico no podía concluir, de haberse seguido hasta el final, sino en una condena, por “rebelión militar”, de 25 a 30 años de prisión para sus jefes. Sin embargo, dos años después, por razones políticas, atinentes las exigencias de la coyuntura política, los líderes de ambos alzamientos, así como sus subalternos, fueron puestos en libertad. También, en la década de los 60, los juicios y las condenas por rebelión armada fueron finalmente tratados políticamente, desde la perspectiva de un horizonte de superación política de los traumas que sufrió el país en aquella época.
La condena a Ortega pasa el balón a la cancha del gobierno. Es la oportunidad que se le presenta para contribuir a que el país avance por el camino de un clima político menos conflictivo. Tanto el gobierno como la Asamblea Nacional, cada uno por separado o en conjunto, tienen la oportunidad de tomar medidas que pueden ir desde el sobreseimiento de causas hasta una Ley de Amnistía. Sin duda que el país recibiría con beneplácito actos que tiendan a reconstruir una atmósfera de mayor tolerancia y respeto en la vida política nacional y a reducir los niveles de esta demencial polarización que tiene exhaustos a todos los sectores sociales del país.
Los sondeos de opinión sobre los valores de la sociedad venezolana revelan que la principal aspiración de más del 90% de ésta, en todos sus estratos socio-económicos, es la de la paz, la de una atmósfera de mayor sosiego, de menor crispación política. Es una señal que todos los sectores políticos deberían tomar en muy seria consideración, pero sobre todo el gobierno, cuya capacidad para actuar con esa orientación es mucho mayor que la de todos los demás actores políticos. En fin de cuentas, a quien mucho se le da, mucho se le exige.
Una medida de amnistía, que ponga en libertad a los presos políticos, corresponde, incluso, a la mejor tradición venezolana. Sólo las dictaduras de Gómez y Pérez Jiménez produjeron presos perpetuos, pero hasta en las frecuentes guerras civiles de nuestro siglo XIX, el talante de los venezolanos de la época se manifestaba entre otras cosas en las reducidas penas de prisión que solían cumplir los vencidos en esas contiendas.
El rechazo total que recibieron, en sus respectivos momentos, los fusilamientos de los generales Matías Salazar, por Guzmán, y Antonio Paredes, por Castro, es una muestra de cuan ajena es a nuestras idiosincrasia la retaliación extrema, la venganza como sustrato de la confrontación política. La condena a Carlos Ortega, hasta por la evidente desproporción de la pena, abre una oportunidad que el gobierno no debería dejar pasar.
