Disputa por el Esequibo: ¿qué puede decidir la CIJ en audiencias, según expertos?
Este lunes concluyen las rondas de intervenciones en la Corte Internacional de Justicia con la participación de Venezuela. El internacionalista Franklin Molina señala que la Corte debe garantizar la paz y evitar cualquier escalada en el conflicto. Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas, considera que ambos países deben buscar una salida negociada, distinta a la vía jurídica
¿Validar el laudo arbitral de París de 1899? ¿Reconocer el Acuerdo de Ginebra? ¿Dar largas al asunto? La papa caliente del Esequibo está en La Haya (Países Bajos), en la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde 2023, cuando se declaró competente para revisar el caso. Aunque no tiene un plazo definido para tomar una decisión, debe hacerlo.
Las audiencias comenzaron el 4 de mayo y concluyen este lunes 11 con una exposición de Venezuela. Tras este período de sesiones, la CIJ tomará un tiempo -cuya duración no se ha precisado- para emitir una decisión.
Los internacionalistas Franklin Molina y Juan Francisco Contreras se inclinan por la vía concertada que ofrece el Acuerdo de Ginebra y las conversaciones bilaterales: “Es una salida salomónica”, afirma Molina.
Contreras observa la posibilidad de un entendimiento directo entre Venezuela y Guyana, en donde ambos países busquen un acuerdo negociado, una salida distinta a la jurídica, que los beneficie. Desde su punto de vista, se podría «recomenzar a negociar con Guyana».
Franklin Molina señala que la Corte puede decidir sobre el fondo o la forma en la disputa territorial, pero aclara que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.
En su opinión, habría que ver si la CIJ decide remarcar los límites, hacer unos límites nuevos o definir límites a partir de las demandas realizadas por Guyana y Venezuela, o si por el contrario el pronunciamiento va sobre la forma y esto significa que aunque se declara competente para decidir sobre el tema, puede invocar el Acuerdo de Ginebra.
Para Venezuela, el Esequibo tiene una trascendencia fundamental no solo histórica, sino estratégica hacia el futuro porque representa las áreas marinas y submarinas y la salida hacia el océano Atlántico.
Para Guyana, con una extensión aproximada de 214.000 km, el Esequibo representa el 70% de su territorio y, además, le garantiza una importante reserva de petróleo a partir de los hallazgos realizados desde 2015.
Regresar el conflicto al Acuerdo de Ginebra permitiría no solo buscar acuerdos de forma bilateral, sino evitar escalada de tensiones entre Venezuela y Guyana, cuya relación ha estado marcada por constantes enfrentamientos producto de la disputa territorial.
“La Corte no puede ir contra el derecho internacional…existe el Acuerdo de Ginebra donde está contemplado que la resolución es de forma amistosa…ese acuerdo es un tratado internacional que sigue vigente porque el conflicto no se ha resuelto”, señala Molina.
Sobre la actuación de la CIJ y la decisión que pueda tomar, los internacionalistas hacen referencia al diferendo territorial y marítimo entre Colombia y Nicaragua como un caso similar en el que la corte emitió un fallo que buscaba una solución salomónica: ratificó la soberanía de Colombia sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero declaró admisible la petición de Nicaragua sobre la delimitación marítima apropiada por parte de la Corte y al hacerlo Colombia perdió alrededor de 75,000 km² de lo que ella consideraba parte de su zona económica exclusiva y plataforma continental.
Posición errática
Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, no duda en calificar de errática la posición de Venezuela frente al proceso que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia. Asegura que Venezuela tiene suficientes argumentos tanto de carácter histórico como procedimental para defender el territorio Esequibo y sin embargo, dice, ha desaprovechado la oportunidad de hacerlo ante esta instancia internacional, cuyos fallos son de carácter vinculante.
En su opinión, es contradictorio y carece de sentido que Venezuela diga que no reconoce a la Corte Internacional, pero asiste sin presentar una sólida defensa. «Es un absurdo realmente inaceptable porque se está comprometiendo un territorio que es venezolano».
Aunque Venezuela ha expresado su desacuerdo en que el caso se ventilara en la CIJ, lo cierto es que Guyana logró que la Organización de Naciones Unidas (ONU) remitiera el caso a esta instancia y lo que procede, según Contreras, es que Venezuela defienda el territorio.
Más allá del territorio, el internacionalista destaca los recursos minerales y naturales que posee la región, entre ellos el agua, un recurso fundamental en el futuro.
El Esequibo tiene una extensión de aproximadamente 159.500 kilómetros cuadrados y para tener una dimensión de su tamaño, Contreras señala que es el doble del territorio de Panamá, es tres veces más grande que Costa Rica y cinco veces más extenso que el territorio de Bélgica.
Afirma que Venezuela en las últimas décadas en vez de sumar ha restado apoyos en la defensa del Esequibo.
Contreras cuestiona el misterio de Venezuela alrededor de las pruebas y documentos presentados ante la CIJ. «Nos enteramos hace más o menos un año que Venezuela había mandado yo no sé cuántas cajas de informe y de cosas, pero nunca se dijo qué fue lo que se mandó».
También reprocha que el proceso no se haya manejado como un tema de Estado, como sí lo ha hecho Guyana. En la defensa del Esequibo, dice, debió involucrarse a expertos en el tema y en manejo de procesos en la CIJ, no solo a funcionarios del gobierno.
Desde La Haya, el canciller de Venezuela, Yván Gil, asegura que se ha ejercido la defensa con una “documentación jurídica excepcional donde se ha desmontado el argumento de la República Cooperativa de Guyana, la serie de elementos que pudiéramos catalogar de falsos y manipulados”.
📷#EnVideo | Venezuela desmontó ante la CIJ argumentos de Guyana y ratifica Acuerdo de Ginebra pic.twitter.com/H2EbJB2vew
— Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) May 7, 2026
Qué puede decidir la Corte
Molina y Contreras plantean algunos escenarios posibles, tras las audiencias que ha realizado la Corte Internacional de Justicia donde las partes han tenido oportunidad para presentar los argumentos de un conflicto centenario:
Confirmar validez del Laudo Arbitral de París. La Corte puede ratificar su vigencia y, de esta manera, Guyana saldría victoriosa en la disputa. En este caso, Venezuela tendría que aceptar los límites que existen actualmente y posteriormente delimitar las áreas marinas y submarinas.
Rechazar Laudo Arbitral de París. La validez de este acuerdo sellado en 1899 es el punto medular que se discute en la CIJ. Decidir que es nulo e írrito avalaría la posición de Venezuela.
Regresar al Acuerdo de Ginebra. La Corte podría ratificar la validez y vigencia del Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, que contempla una solución amistosa entre las partes. Esta es la tesis que defiende Venezuela.
Largas al proceso. La CIJ no tiene un plazo definido para pronunciarse, por lo que puede decidir convocar otro periodo de sesiones, reuniones, solicitar documentos, pruebas y continuar la evaluación del caso.
Qué hacer si el fallo no es favorable
Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas, vinculantes e inapelables conforme a los artículos 59 y 60 del Estatuto, por lo que Contreras señala que las opciones de Venezuela serían limitadas. Sin embargo, dado que las autoridades han señalado que no reconocen la jurisdicción de la CIJ, lo más probable es que se apeguen a esta posición y el conflicto se mantenga.
En este escenario, Molina apunta que «no tendríamos nada que hacer…claro, la respuesta de Venezuela diría: ‘yo no reconozco la jurisdicción de la Corte'». Esto significaría que se pone al margen de la sentencia, lo que implicaría un aumento de la confrontación con Guyana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
