Desmantelan Estado de Derecho, por Teodoro Petkoff
El proceso de desconstitucionalización que desde el propio momento en que fue aprobada la Constitución ha venido llevando adelante el régimen chavista, ahora también en su variante madurista, dio un largo paso hacia delante con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo. El atropello fue cometido completamente a contrario de la Constitución. Esta, en el numeral 20 del artículo 187, establece que entre las atribuciones de la Asamblea Nacional se cuenta la de «Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia.
La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y diputadas presentes». Es obvio que el texto se refiere a la atribución de la Asamblea de separar de sus funciones a uno de sus miembros, para lo cual se requiere el voto de las dos terceras partes de los parlamentarios presentes.
Esa «separación» implica, obviamente, allanar la inmunidad parlamentaria, es decir, privar al «indiciado» de la protección que le concede el privilegio de la inmunidad. El legislador estableció el tope de dos tercios precisamente para proteger a los parlamentarios de los abusos de cualquier mayoría simple o circunstancial que pudiera formarse y pudiera, como en el caso de Mardo, allanar la inmunidad así sea por un voto de diferencia.
La gavilla chavo-madurista aplicó también otro artículo, el 200, que, faculta al TSJ de conocer los presuntos delitos que pudiera cometer un parlamentario y ordenar su enjuiciamiento, previa autorización de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el artículo 187, numeral 20, ya citado, establece que esa eventual autorización de la Asamblea Nacional sólo puede producirse con el voto de las dos terceras partes de los parlamentarios presentes.
De manera que por donde se busque no hay forma de evitar una conclusión tajante: el allanamiento de la inmunidad de Richard Mardo se produjo contrariando flagrantemente la Constitución Nacional. La mayoría que allanó a Mardo cometió un delito de lesa constitucionalidad.
Es este un paso más en el camino de des-constitucionalizar al país. Desde su misma aprobación comenzó el proceso de violaciones sistemáticas de sus preceptos. Son incontables los momentos en los cuales han sido tomadas decisiones gubernamentales a contrario de la Constitución. El régimen hace todo lo posible por prescindir de la Constitución, quisiera abolirla y no pudiendo lo hace por retazos. Esto, por supuesto, posee una lógica; la lógica del autoritarismo. Un régimen que avanza hacia el autoritarismo radical no puede aceptar su sometimiento a la regulación democrática que es propia de un régimen constitucional. La Constitución le molesta porque lo obliga a someterse a reglas de juego que implican la existencia de diversas corrientes de opinión política y cultural y el consiguiente debate público. El autoritarismo y su forma extrema, la dictadura, no debate, impone, obliga, «coerciona». Lo de Richard Mardo es un aviso.
Falta por ver si es verdad que guerra avisada no mata soldados.
