Demasiados cabos sueltos, por Teodoro Petkoff
Lo primero que llama la atención es la exquisita dosificación de los “malos” : un banquero, un general de Altamira, un general activo, un ex policía de la Disip y una periodista. Muestra perfecta del tablado de los “demonios”, que, según Isaías Rodríguez, será reforzada con otro empresario, con un militar de baja graduación y con lo que faltaba: un político. Es verdad que en la viña del Señor todo puede ocurrir, pero tanta “coincidencia” abruma.
Para colmo, Isaías se cura en salud y advierte, estrambóticamente, que “tenemos absolutamente toda la información, como si fuese una película; desafortunadamente, no podremos probarla toda”. Información que no se puede probar o es calumnia o es chisme. La Fiscalía lanza tan grave imputación contra un grupo de personas, avisando, sin embargo, que será poco menos que imposible probarla. Confesar que no existen pruebas contundentes para condenar a los acusados parece un acto de extrema irresponsabilidad. Si la Fiscalía no presenta pruebas que no dejen lugar a dudas —lo que los gringos llaman el smoking gun, el revólver humeante—, en la opinión pública se remachará la impresión de que todo ha sido un montaje con finalidades políticas.
Además, ¿dónde queda aquello de la extorsión y de la red de chantajistas que habría estado operando desde la Fiscalía? ¿Qué fue de la famosa caja fuerte, llena de billetes, que Anderson habría tenido en su apartamento? ¿Fueron vapores de la fantasía de Jesse Chacón, cuando señaló la existencia de “dos grupos de abogados, uno que servía de enlace con las personas con dinero, y otro que estaba vinculado con el fiscal Anderson, el cual supuestamente le pedía dinero a los adinerados a cambio de que no fueran perseguidos”. Lo dijo Jesse el 5 de enero de este mismo año y está en todos los medios. ¿Qué pasó con las actas sustraídas de los expedientes y con las declaraciones de algunos amigos de Anderson acerca de los cobros de gruesas sumas de dinero para no imputar? Demasiados cabos sueltos.
El compromiso que tiene la Fiscalía es enorme. El propio Isaías Rodríguez ha denunciado en documentos públicos las serias deficiencias del organismo que dirige y las prácticas viciadas que en su seno tienen lugar. Por otro lado, su autonomía e independencia respecto del gobierno están severamente cuestionadas. Son demasiadas las omisiones en el cumplimiento de su rol de garante de la legalidad de los actos gubernamentales. El caso Anderson sacudió a la opinión pública y un proceso que no hiciera sino ratificar la escasa credibilidad y respetabilidad del Ministerio Público dejaría clavado en la picota al gobierno.
