Defensores de DDHH en Venezuela sufrieron 743 ataques durante 2021
En julio de 2021 se registró el mayor número de violaciones, con 68 ataques contra ONG y 72 a defensores. El Centro para los Defensores y la Justicia detalló que el 31% (229) de todos los ataques registrados el año pasado fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales
El entorno para los activistas y defensores de derechos humanos se hizo más restrictivo en 2021. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) identificó 743 ataques e incidentes de seguridad contra estas personas el año pasado, lo que representa un aumento de 145% respecto a 2020.
En su informe anual sobre la situación de personas defensoras de DDHH, el Centro destacó la creciente criminalización, represión y control social como causas del incremento a los ataques a este sector, lo que también ocasiona «graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a
la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derecho».
Las estigmatizaciones (502) fueron la principal causa de ataque a los defensores y activistas de derechos humanos, seguidos de la intimidación y hostigamiento (125) por parte de efectivos policiales y funcionarios del Estado, las amenazas (50), las detenciones arbitrarias (16), judicialización de los casos (15), ataques digitales (13) y allanamientos (5) a las sedes de organizaciones o viviendas de los propios afectados.
El CDJ aseguró que el Estado venezolano siguió aplicando la “tesis del enemigo interno” y la doctrina de seguridad nacional, con medidas contrarias a las adoptadas en protocolos y convenios internacionales. Además se incrementó la judicialización y la promulogación de nuevas leyes o resoluciones que afectan el trabajo de organizaciones no gubernamentales.
A este problema, según el Centro, también se le suma la inexistencia de mecanismos o políticas públicas que protejan del trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Esto se evidencia en el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento y la materialización de amenazas en inicio de investigaciones y procesos penales, detenciones arbitrarias, allanamientos, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor”, destacó el CDJ.
Durante el diálogo interactivo del Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela, realizado el pasado 25 de enero, una docena de países recomendaron a la administración de Nicolás Maduro detener la criminalización, amenazas y hostigamientos contra defensores y activistas; además de la eliminación de leyes con un marco restrictivo para su trabajo, como la Ley contra el Odio.
Desprotección a defensores
En julio de 2021 se registró el mayor número de violaciones, con 68 ataques contra ONG y 72 a defensores. El Centro para los Defensores y la Justicia detalló que el 31% (229) de todos los ataques registrados el año pasado fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales.
Otro 30% (221) de los casos fueron efectuados por funcionarios públicos (incluyendo miembros del Ejecutivo, diputados, ministros, entre otros). Las autoridades hicieron uso de sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar.
17% (127) de las agresiones fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado. 103 casos fueron responsabilidad de instituciones públicas o entes gubernamentales (14%) y 63 hechos fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado.
Para el CDJ, las organizaciones y personas defensoras se encuentran en un estado de absoluta desprotección. “No es solo por la ausencia de medidas efectivas que garanticen su protección y la de su trabajo, sino además por la falta de investigación y sanción de los hechos ocurridos en su contra por parte de los organismos competentes”.
