Defensor del Pueblo español pide que se otorgue protección temporal a los venezolanos
El Ombudsman ibérico pidió al Gobierno poder darle protección temporal a los migrantes venezolanos mientras permanezcan en España, con lo que podrán trabajar y tener derechos como los demás ciudadanos
El defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, propuso al Gobierno de su país la posibilidad de otorgar una protección temporal a los venezolanos mientras estén en España debido a que muchos de los que están allá se encuentran en una «situación de precariedad».
La propuesta de Fernández Marugán tiene lugar tras constatar el alto número de solicitudes de protección internacional de venezolanos que aún están pendientes de resolver -unas 17.969 calculadas a finales de junio 2018- y la «casi nula» tasa de reconocimiento de la condición de refugiado, ya que solo se concocieron tres estatutos de asilo.
Recomendó la declaración general de protección temporal para estas personas, del que una gran parte se encuentra en una situación de «extrema vulnerabilidad». En su opinión, se trata de la fórmula «más razonable» dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la precariedad en la que viven muchos venezolanos en España este 4 de octubre.
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Destacó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instó en marzo de 2018 a los Estados receptores de ciudadanos venezolanos a que «les permitan el acceso a su territorio» y «continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección».
Según datos de la oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat) citados por la oposición venezolana en España, 10.350 venezolanos solicitaron protección internacional en la nación ibérica en 2017 y 11.805 lo hicieron hasta septiembre de 2018, pero las autoridades solo admitieron 26 solicitudes de asilo, 15 en 2017 y 11 en lo que va de año.
La declaración de protección temporal, que tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres, está prevista en la legislación española para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar al suyo en condiciones seguras y duraderas.
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Con ella, los venezolanos que están en España, añade el Defensor, podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, del permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.
Con información de EFE
