Corte Suprema permite al gobierno de Trump eliminar el TPS para venezolanos
El Tribunal Supremo estadounidense permitió al presidente Donald Trump revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más 300.000 venezolanos
La Corte Suprema declaró este lunes 19 de mayo que permitirá al gobierno de Donald Trump finalizar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege a aproximadamente 350.000 migrantes venezolanos de la amenaza de deportación, mientras continúan los procedimientos legales sobre la medida.
El alto tribunal accedió a la solicitud del gobierno de levantar por ahora una orden judicial de un tribunal inferior que bloqueaba la revocación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La jueza Ketanji Brown Jackson afirmó que rechazaría la solicitud del gobierno de obtener ayuda de emergencia.
Noem canceló la designación —que había sido extendida por el gobierno de Biden— en febrero, una medida que habría allanado el camino para que los venezolanos perdieran sus permisos de trabajo emitidos por el gobierno y las protecciones contra la deportación el 7 de abril. Sin embargo, un juez federal de California bloqueó la acción a finales de marzo y declaró que su decisión de cancelar el TPS para los migrantes venezolanos parecía estar «basada en estereotipos negativos» y podría haber estado motivada por una animadversión inconstitucional.
Un tribunal federal de apelaciones se negó a otorgar ayuda de emergencia a la administración Trump y a suspender la orden del tribunal de distrito, lo que llevó a la administración Trump a solicitar la intervención de la Corte Suprema.
«Mientras la orden esté vigente, la secretaria debe permitir que cientos de miles de ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su determinación razonada de que hacerlo es ‘contrario al interés nacional'», escribió el Procurador General John Sauer en la apelación de emergencia de la administración ante el alto tribunal.
En 1990, el Congreso creó el programa que permite al gobierno federal brindar protección migratoria temporal a migrantes de países que experimentan guerras, desastres naturales u otras condiciones «extraordinarias y temporales» que hacen peligroso el envío de deportados allí. El programa permite a los beneficiarios solicitar permisos de trabajo renovables y aplazamientos de deportación.
Durante la administración Biden, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designó a Venezuela para el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), alegando condiciones «extraordinarias y temporales» que impedían a los venezolanos en Estados Unidos regresar a su país de origen. Mayorkas extendió la designación, que tenía una vigencia de 18 meses, en octubre de 2023.
Además de designar a Venezuela para el TPS, el gobierno de Biden también creó o amplió programas para Afganistán, Camerún, Haití y Ucrania. El programa venezolano es el más grande y cubre a aproximadamente 600.000 personas a través de dos designaciones separadas, aunque solo la designación de 2023 está en disputa en el caso ante la Corte Suprema.
Después de que Trump asumiera su segundo mandato, Noem anuló la extensión para más de 350.000 venezolanos, al considerar que era «contrario al interés nacional» continuar con el programa. La terminación estaba prevista para el 7 de abril. El gobierno de Trump también revocará las protecciones del TPS para decenas de miles de haitianos, medida que entrará en vigor en agosto.
Los beneficiarios del TPS y la Alianza Nacional del TPS presentaron una demanda en febrero impugnando la decisión de Noem de poner fin a las protecciones para los venezolanos. El juez federal de distrito Edward Chen falló a su favor, impidiendo que la decisión de Noem sobre la terminación entrara en vigor en todo el país.
En un escrito presentado ante la Corte Suprema, Sauer afirmó que la orden del tribunal de distrito «le arrebató al Poder Ejecutivo el control de la política migratoria del país e impuso la propia percepción del tribunal».
«La decisión del tribunal de distrito socava las facultades inherentes del Poder Ejecutivo en materia de inmigración y asuntos exteriores», escribió, calificando la orden judicial del tribunal inferior de «imprudente».
Sin embargo, en respuesta a la solicitud, los abogados de los beneficiarios del TPS declararon ante la Corte Suprema en un escrito que levantar la orden judicial del tribunal de distrito perjudicaría a las casi 350.000 personas que perderían inmediatamente su derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
«Suspender la orden del tribunal de distrito causaría mucho más daño del que evitaría», escribieron. Esto cambiaría radicalmente el statu quo, despojando a los demandantes de su estatus legal y obligándolos a regresar a un país que el Departamento de Estado aún considera demasiado peligroso incluso para visitarlo.
Afirmaron que el estatuto del TPS no otorga al secretario de Seguridad Nacional la autoridad para anular o rescindir una extensión, y que las cancelaciones de las extensiones del TPS para Venezuela y Haití por parte de Noem fueron la primera y la segunda vez que un secretario anula una extensión en la historia del estatuto.
La solicitud de ayuda de emergencia de la administración Trump es una de las más de una docena relacionadas con la agenda del segundo mandato del Sr. Trump que han llegado a la Corte Suprema, y una de varias relacionadas con sus planes de inmigración.
La Corte Suprema escuchó los argumentos el 15 de mayo sobre la solicitud de la administración Trump de limitar los mandatos judiciales a nivel nacional que bloquean la aplicación de una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.
