¿Contra Venezuela se «construyó» una «narrativa» de autoritarismo, como afirmó Lula?
No se trata solamente de una narrativa como dice Lula: los 10 años de gobiernos de Nicolás Maduro han mostrado rasgos de autoritarismo según varias definiciones de este último término. Como dato llamativo, la Enciclopedia Británica —que puede tomarse como una referencia más o menos universal— cita precisamente a Maduro como un gobernante que responde a nuevas modalidades de prácticas autoritarias. La concentración del poder político, el menosprecio del consenso, la reducción de la oposición y la restricción de las libertades son algunos de los rasgos distintivos que, objetivamente, se han acentuado en Venezuela
Texto: Alexis Correia
La inédita investigación abierta a un país latinoamericano ante la Corte Penal Internacional, la ruptura del hilo constitucional contra un poder legislativo legítimo, la convocatoria irregular a una asamblea constituyente que jamás redactó una nueva Carta Magna, la celebración de elecciones sin verdaderas garantías o el homicidio de al menos 9.465 personas por parte de cuerpos seguridad —según la ONG Provea— no son hechos objetivos que han ocurrido en los últimos 10 años. Corresponden a una «narrativa construida» contra Venezuela.
Al menos esto se desprende de las palabras que declaró el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva —el sobrenombre «Lula» fue incorporado legalmente a su nombre de bautizo desde 1982— en presencia de Nicolás Maduro cuando lo recibió en el palacio de Planalto (Brasilia) el lunes 29 de mayo de 2023 (transcripción oficial en portugués del gobierno brasileño).
Una traducción lo más fiel posible al español del fragmento en cuestión de su intervención pública (minuto 30 del video):
«Usted (a Nicolás Maduro) sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela: la antidemocracia, el autoritarismo. Le corresponde a Venezuela mostrar su narrativa para efectivamente las personas puedan cambiar de opinión (…) Su narrativa va a ser infinitamente mejor que la narrativa que ellos tienen contra usted».
De la declaración de Lula (reseñada en medios internacionales como El Espectador) podemos desprender que, en la Venezuela de los últimos 10 años —desde la elección de Nicolás Maduro en 2013— no ha habido verdaderos rasgos verificables de autoritarismo. Es una «narrativa que se construyó». Es decir, un tipo de género literario o de narración ejecutada con destreza, según la Real Academia Española.
¿Pero a qué llamamos autoritarismo? Empecemos con algunas definiciones. La más simple podría ser la de la propia RAE: «Régimen o sistema político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad».
La Enciclopedia Británica puede ser considerada una referencia bastante universal. Allí se indica (traducción del inglés):
«Los regímenes autoritarios son sistemas de gobierno que no tienen un mecanismo establecido para la transferencia del poder ejecutivo y no otorgan a sus ciudadanos libertades civiles o derechos políticos. El poder se concentra en manos de un solo líder o de una pequeña élite, cuyas decisiones se toman sin tener en cuenta la voluntad del pueblo».
Se pudiera alegar que en Venezuela ha habido varios tipos de elecciones desde 2013, es decir, «transferencias del poder», aunque la Enciclopedia Británica aclara que, a partir de los grandes modelos totalitarios del siglo XX, el autoritarismo ha adaptado otras modalidades. De hecho, el propio Maduro es citado por la Enciclopedia:
El uso perverso de las instituciones democráticas para mantener el autoritarismo se ha vuelto cada vez más común en las autocracias posteriores a la Guerra Fría (…) Casi todos los regímenes autoritarios de hoy celebran elecciones, pero el campo de juego no está nivelado (…) Un ejemplo de ello es Venezuela, donde Nicolás Maduro permitió que la oposición obtuviera casi un tercio de los votos en las elecciones presidenciales de 2018. En la mayoría de los regímenes autoritarios se permite que exista una oposición simbólica, pero muchos miembros de la oposición son encarcelados, hostigados, cooptados o divididos. Los votantes también están expuestos a la desinformación sobre los candidatos de la oposición para asegurar la victoria del gobernante».
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Finalmente, tenemos el Diccionario de Política (1993) de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, otra referencia bastante conocida:
«Se suele Ilamar autoritarios a los regImenes que privilegian el aspecto dcl mando y menosprecian de un modo más o menos radical ci del consenso, concentrando ci poder politico en un hombre o en un solo órgano y restando valor a las ins-tituciones representativas: de ahi Ia reducción a Ia minima expresión de Ia oposición y de Ia autonomia de los subsistemas politicos y Ia anulación o Ia sustancial eliminación de contenido de los procedimientos y de las instituciones destinadas a trasmitir Ia autoridad politica desde Ia base hasta lo alto (…) una manifestación degenerativa de Ia autoridad, una pretensión y una imposición de Ia obediencia que prescinde en gran parte del consenso de los subordinados y restringe Ia libertad».
¿El autoritarismo en Venezuela es una «narrativa» que se construyó, como afirmó Lula? Otras fuentes autorizadas discrepan. Los venezolanos «han soportado una década de profundización de una crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del Estado», indicó Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su alocución de marzo de 2022. La Misión ha documentado en sus informes periódicos una serie de presuntas violaciones a los DDHH que son propias de un contexto autoritario.
La ONG venezolana Foro Penal documenta 285 presos por motivos políticos en Venezuela en mayo de 2023, una de las manifestaciones del uso abusivo del poder. Entre 2014 y 2019, sin embargo, hubo un acumulado de 15.160 detenciones políticas. Y se registraron al menos 2.169 personas arrestadas arbitrariamente solamente entre enero y agosto de 2019, el período que coincidió con las protestas por la reelección de Maduro, considerada fraudulenta por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Aunque pueda considerarse una flagrante contradicción, el gobierno de Lula ha mostrado en el pasado reciente su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Al menos así lo expresó —de manera escueta— André Simas, representante diplomático de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, durante una intervención en marzo de 2023.
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Reacciones en caliente sobre Lula
La declaración de Lula generó respuestas casi inmediatas de algunas organizaciones nacionales o internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. «Graves violaciones de DDHH no son una narrativa. El dolor de las víctimas no es una narrativa. La apertura de investigación a Venezuela por parte de la CPI no es una narrativa», replicó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, la Oficina para Latinoamérica en Washington, una organización no gubernamental estadounidense.
«Señor Lula, solo en este 2023 unas 8.900 víctimas apoyaron abrumadoramente la reanudación de la Investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. No es una ‘narrativa construida’, es parte de un plan sistemático contra la población civil y disidente, alertado por la ONU. Pedimos respeto a todas las víctimas, quienes merecen justicia y reparación que el Estado venezolano no da», también advirtió la ONG venezolana Provea,
«Persiste una estructura bien coordinada para el control social, la exclusión y la represión de la disidencia. En 2022 se mantuvo la práctica estatal —que se ha configurado como sistemática—, de discriminación y exclusión por razones políticas. La Asamblea Nacional —electa en 2020 y con mayoría oficialista— continuó aprobando normas y avalando la actuación del Ejecutivo, actuando de espaldas a la Constitución Nacional», señaló también Provea en su informe anual presentado en 2023.
«En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad», indicó el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la OEA en otro informe expuesto en 2023, que añadió:
«Varias enmiendas (nota de redacción: se refiere a legislaciones aprobadas por la Asamblea Nacional elegida en 2020) violan flagrantemente la Constitución venezolana y, cuando se evalúan holísticamente: erosionan aún más el ya insuficiente sistema judicial —plagado de falta de independencia e imparcialidad y corrupción endémica— y socavan su capacidad para investigar y procesar a los presuntos autores (de posibles crímenes de lesa humanidad); no crean mecanismos de rendición de cuentas eficaces y viables para llevar a los presuntos autores ante la justicia; y no establecen recursos accesibles y transparentes, ya sean judiciales, administrativos o cuasi-legales para las víctimas».
“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”, indicó en 2019 la entonces alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre Venezuela de ese año, y agregó: «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
Su sucesor, Volker Turk, expresó ante el Consejo de DDHH de la ONU en Ginebra en su actualización oral de marzo de 2023:
«Mi equipo sigue documentando casos, incluidas personas que permanecen detenidas después de que se hayan emitido órdenes de liberación; personas mantenidas en prisión preventiva más allá de los límites legalmente establecidos; y situaciones determinadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como correspondientes a la definición de detención arbitraria con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos».
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El resultado
Es falso, como afirmó Lula, que los rasgos autoritarios de los gobiernos de Nicolás Maduro —desde 2023 hasta la fecha— solo son una construcción narrativa. Contamos con varios indicios objetivos de que en Venezuela se han violado sistemáticamente algunos derechos humanos.
Poderes democráticos legítimos, como la Asamblea Nacional de mayoría opositora emergida de las urnas de votación en diciembre de 2015, fueron cercados institucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia afín al gobierno de Maduro, como documenta un informe del portal Prodavinci. Líderes opositores terminaron en el exilio o encarcelados.
La celebración de varios tipos de elecciones en Venezuela durante este período —incluidas las presidenciales propiciaron la reelección de Maduro para el período 2019-2025— no necesariamente exime al gobierno de expresiones autoritarias.
«Las elecciones presidenciales que acaban de celebrarse en Venezuela (en 2018) no pueden considerarse representativas debido a las trabas que se han puesto a la participación de varios partidos y líderes de oposición, a la falta de acuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre el calendario y el procedimiento de votación, al igual que a la falta de independencia del juez electoral y las muchas irregularidades denunciadas por varios candidatos», señala, por ejemplo, un informe del gobierno de Francia.
El autoritarismo en Venezuela parece ser más que una narrativa, y de hecho, es uno de los mejores ejemplos globales de la evolución hacia un nuevo empaque de presentación de los regímenes autoritarios.
