Congresista estadounidense pide reconsiderar deportación a migrantes con parole
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reconoció que la Corte Suprema es una institución sagrada y su decisión debe respetarse. Sin embargo, resaltó que no se puede ignorar el costo humano. «Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas», aseguró
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reconsidere la deportación de los migrantes beneficiarios del parole humanitario.
De acuerdo con una nota publicada por el medio ANDCuba, Salazar destacó que los migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos, «confiando en las promesas vacías de la administración de Joe) Biden».
While today’s Supreme Court order was not what many hoped for, one truth remains undeniable: these migrants entered the United States legally, relying on promises made by the Biden administration.
The Supreme Court is sacred, and its order must be respected. But we must consider…
— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) May 30, 2025
La congresista hace mención a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que permite a la administración de Donald Trump revocar el programa de parole humanitario que les otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal a unos 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La congresista reconoció que la Corte Suprema es una institución sagrada y su decisión debe respetarse. Sin embargo, resaltó que no se puede ignorar el costo humano. «Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas», aseguró.
Insistió en proteger a los beneficiarios del parole humanitario. «Insto a la administración a que utilice su autoridad ejecutiva y conceda la Salida Forzosa Diferida (DED), para evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión», concluyó en su mensaje.
El programa de parole humanitario, implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, ofrecía a migrantes de los cuatro países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad.
La administración de Biden defendió la iniciativa como una vía para desalentar los cruces fronterizos irregulares y ofrecer una alternativa segura y ordenada a quienes huían de crisis económicas, políticas y humanitarias.
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