Con Guaidó o Parra en la presidencia persiste el “desacato” de la Asamblea Nacional
El chavismo ha dejado claro que le corresponde a la directiva de la Asamblea Nacional, y que asumen es la que dirige Luis Parra, hacer los trámites pertinentes para salir de esta figura judicial que impuso el TSJ al parlamento desde 2016
La historia del llamado “desacato” de la Asamblea Nacional se remonta a diciembre de 2015, cuando la oposición venezolana ganó 112 escaños para convertirse en mayoría del poder Legislativo por los próximos cinco años (2016 – 2021).
Tras una denuncia de Nicia Maldonado, aspirante por lista en el estado Amazonas, sobre presunto fraude en los comicios, el 30 de diciembre de ese año la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió mediante una sentencia suspender los efectos de la elección en todo el estado, lo que también afectó a la región sur indígena (Bolívar, Amazonas, Apure), y por tanto las proclamaciones de los candidatos que ya había realizado el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al momento de la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana decidieron juramentarse bajo la aprobación de la junta directiva de ese año, compuesta por Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla. El desafío fue tomado por la Sala Electoral, que en una controvertida sentencia el 11 de enero declaró el “desacato” del poder Legislativo hasta tanto no se desincorporara a los parlamentarios de Amazonas.
En dicha sentencia, que se dictó en forma conjunta, el TSJ declaró que todos los actos de la AN eran “nulos absolutamente”. Eso incluía los actos que se habían dictado “o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo”.
A partir de ese momento, entre la Sala Electoral y la Sala Constitucional se tejieron 104 sentencias con el objetivo de anular las acciones y el control que la misma Constitución atribuye al parlamento venezolano, tal como lo ha documentado la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
La más grave de esas sentencias fue la del 30 de marzo de 2017, cuando el TSJ indicó en un fallo judicial que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”.
Dicha sentencia fue catalogada como un golpe de Estado desde el parlamento venezolano, mientras que la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró que con ello se rompía el hilo constitucional en el país. Un día después, la misma Sala revisó su sentencia y suspendió los efectos de la misma.
Juan Manuel Raffalli, abogado constitucional y profesor universitario, advierte que la Asamblea Nacional mantiene el “desacato” que le impuso el TSJ hasta tanto se revoque o se deje sin efecto la sentencia.
“Continúa en la misma situación que estaba antes de la reincorporación del chavismo. La única manera de resolver eso es declarar sin lugar la demanda a los diputados del estado Amazonas”, puntualiza Raffalli. En estos cuatro años, la Sala Electoral no se ha pronunciado por este tema.
Ahora, con los sucesos del 5 de enero de 2020 el tema del “desacato” figuró nuevamente. En una reunión sin quorum ni verificación de votos, el diputado Luis Parra se autoproclamó como presidente de la AN para el periodo 2020 – 2021 con los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
A pesar del reconocimiento de la bancada oficialista y el gobernante Nicolás Maduro a dicho proceso, la Asamblea Nacional no ha salido del “desacato”. Así lo dejó ver el presidente de la constituyente, Diosdado Cabello.
Aunque reconoce a Parra como presidente de la AN, Cabello dijo a los medios que «quien debe ir ante el TSJ es la nueva directiva a solicitar que se revisen las sentencias por las cuales están ellos en desacato. ¿Que la fracción del PSUV contribuirá? Sí, claro. Contribuiremos para que la AN sea capaz, ojalá, de salir del desacato y funcionar en beneficio del pueblo venezolano».
¿Cómo se sale del desacato?
Para salir de esta figura judicial, el PSUV esgrimió hasta diciembre de 2019 que la fórmula era desincorporar la junta directiva actual y que asumiera la de Henry Ramos Allup. Una vez completado el paso, se procedía a desincorporar a los diputados de Amazonas víctimas de la sentencia. El TSJ debía avalar toda esta operación con un nuevo fallo judicial.
Pero Francisco Torrealba, exdiputado y exministro del Trabajo, dijo a TalCual que “ellos (Luis Parra y compañía) tienen que ir y notificar para poner fin al desacato”. Además, señaló que la nueva “directiva” propuso la creación de una “comisión para reinstitucionalización del parlamento” venezolano, que se encargaría de este y otros temas para que las acciones de la Asamblea Nacional tengan validez.
Por su parte, la constituyente Tania Díaz aseveró que políticamente el 5 de enero se dio un primer paso para el regreso a la constitucionalidad de este poder, cuyo “desacato” podría resolverse “por la vía de una negociación política y una decisión judicial”.
El TSJ cambiará su jurisprudencia apegándose a las leyes, pero luego de que se logre el acuerdo político, mencionó la parlamentaria. “Para nosotros es perfecto, que esta Asamblea Nacional salga del desacato y se ponga a trabajar por el pueblo venezolano”.
