Con el CNE manda el pueblo, por Teodoro Petkoff
Autor: Teodoro Petkoff
Como era previsible, cumplida la fase de amenazas a empleados públicos, pensionados y contratistas, y otras formas de intimidación, el gobierno entra ahora a practicar el terrorismo numerológico. Todos sus voceros, desde un cariacontecido Rangel, quien todavía no se recupera del trancazo y pierde magníficas oportunidades de quedarse callado, hasta el cinicote de Juan Barreto, todos repiten la misma canción desesperada:
«no recogieron las firmas». Mas, el objetivo de esta operación no es la gente. La gente vio lo que pasó y ni siquiera estos discípulos de Joseph Goebbels podrán engañarla. El objetivo es el CNE. Diosdado Cabello, incluso, se permite hablar en plural mayestático: «verificaremos firma por firma». No, Diosdado, «ustedes» no van a verificar un carajo. Aquí el único ente verificador es el CNE, que, como dijera Jorge Rodríguez, espera en la bajadita a todos los numerólogos. Y verificará conforme a las normas que él mismo estableció, y en ese juego los mirones son de palo.
Cuando la Asamblea Nacional no pudo designar el CNE y el TSJ anunció que cubriría esa omisión del Poder Legislativo, también se desató una campaña feroz, dirigida a machucar la voluntad y la potestad del supremo tribunal. Se amenazó con un conflicto de poderes y cada día algún vocero del MVR tronaba contra el TSJ. El propio Chávez lanzó también sus pedradas contra el tribunal. Este, sin embargo, se mantuvo firme, nombró a los rectores y tuvimos el árbitro. Del inefable conflicto de poderes no se supo más y el propio Ameliach, en una declaración muy sensata, lo sepultó sin honores. Todo fue pura bulla. Igual fracaso correrá el operativo sobre el CNE.
Esta es la hora de esa institución. Salvo el error con las firmas en el exterior, el desempeño del CNE ha sido inobjetable. En una situación tan polarizada y sometido a presiones brutales, los cinco rectores del organismo han demostrado que su intención está muy lejos de la de querer aparecer en el anecdotario venezolano de la infamia, acompañando los nombres olvidados de los integrantes del organismo electoral que convalidó el fraude de Pérez Jiménez en 1952. Los hechos han demostrado que las normas rigurosas que estableció eran las apropiadas para garantizar un mínimo de confiabilidad en una situación tan preñada de desconfianza mutua. Nos consta personalmente la diligencia y la autoridad con la cual manejó la enojosa situación creada por el general Gutiérrez, «alzado» en el Zulia. Estamos seguros de que el organismo mantendrá su independencia, su autonomía y su autoridad ante cualquier pretensión de obstaculizar o interferir el cometido principal que le asignó la República, el de garantizar que esta crisis sea resuelta por el único gran elector de este país: doce millones de ciudadanos inscritos en el REP.
