Chavismo en la AN prioriza el #4F en la agenda legislativa por ser fecha de «refundación»
La Asamblea Nacional (AN) del 2020 discutió 11 artículos del Proyecto de Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. El Parlamento de mayoría chavista pospuso la continuación de la norma, que ya tenía 11 meses en el congelador, pues fue presentada por primera vez a la Cámara en marzo del 2022
La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 dejó «para después» la segunda discusión del Proyecto de Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, debatida por primera vez en la Cámara el 3 de marzo del 2022. El Parlamento priorizó la discusión de un acuerdo con motivo de los 31 años del intento del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 que lideró el expresidente Hugo Chávez.
El proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado oficialista Suárez Chourio. El documento reitera la disposición de la AN de defender «los destinos de esta patria elevando al máximo los valores y principios que condujeron a la juventud patriótica ese 4 de febrero de 1992».
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Chourio recordó los hechos violentos registrados tres años antes, en 1989, cuando el Caracazo. Caracterizó el evento como «la llave que inició del motor del 4 de febrero 1992. Dijo que en desde entonces (1989) Venezuela comenzó un proceso de «refundación» tras «cien años de vivir de la renta petrolera» y de la «influencia» de Estados Unidos.
El proyecto de acuerdo fue aprobado por la mayoría evidente que tiene el chavismo puertas adentro del Parlamento. La bancada de oposición se abstuvo de participar en el debate y de votar.
«Aquí le dejamos este ‘regalo’ para su estudio», dijo Chourio, tras presentar el proyecto de acuerdo desde la tribuna de oradores.
AN pospone discusión de proyecto de ley
La Asamblea Nacional (AN) del 2020 discutió unos 11 artículos del Proyecto de Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. Sin embargo, pospuso la continuación de la norma, que ya tenía 11 meses en el congelador desde que fue presentada por primera vez a la Cámara, en marzo del 2022.
La norma que tiene por objeto «promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de los estudiantes a los fines de defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano y deber, así como en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en materia de educación, de conformidad con lo establecido en la Constitución».
De acuerdo con el proyecto se busca promover la participación y el ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes, así como también garantizar su derecho de organizarse en consejos estudiantiles.
«Las y los estudiantes tienen el derecho y el deber de participar de forma protagónica para el ejercicio de sus derechos, deberes e intereses en el subsistema de educación básica, así como en la planificación, ejecución y gestión del Sistema Público Nacional de Educación Básica, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta ley, sus reglamentos y resoluciones», establece el artículo cuatro de la norma.
Una vez se apruebe y sea publicada en Gaceta Oficial, lo que marca su entrada en vigencia, los estudiantes tendrán derecho a la participación protagónica dentro del Sistema Público Nacional de Educación en condiciones de igualdad, sin discriminaciones fundadas en la raza, color, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, discapacidad, condición de salud aquellas que, en general, tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas.
La ley también ordena que las familias y la sociedad están obligadas a promover la participación protagónica de las y los estudiantes en el subsistema de educación básica, así como que coadyubar para que sean eliminadas toda clase de discriminaciones y barreras que puedan afectar o impedir este derecho.-
