CDH-UCAB denuncia que criminalización de las primarias es una violación de los DDHH
Después de que el Ministerio Público ordenara una investigación contra los organizadores de las primarias, el CDH-UCAB pide a mecanismos internacionales a los cuales Venezuela está adscrito, velar por la protección de los derechos humanos de las personas hostigadas por ejercer sus derechos políticos
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) recordó que la participación política es un derecho humano de obligatorio cumplimiento por las autoridades, por lo que su criminalización comprende una violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
El comunicado hace referencia a los «hechos de trascendencia políticos sucedidos durante el mes de octubre», en alusión a las primarias opositoras que se llevaron a cabo el domingo 22 de octubre, que fueron criticadas y luego investigadas judicialmente por parte de las autoridades del oficialismo.
En este sentido, el CDH-UCAB ratifica su apoyo al «ejercicio de derechos políticos» de los venezolanos y la implementación del «mejor mecanismo que ofrece la democracia» para determinar la conducción del destino del país, es decir, del voto ciudadano.
De igual forma, exhortan a las autoridades a garantizar el ejercicio de derechos políticos en el país sin que traiga como consecuencia «criminalización o represalias que causen impactos negativos en los derechos humanos».
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Estos llamados se difunden en medio de una investigación judicial abierta por el Ministerio Público (MP) en contra de los organizadores de las primarias, que tomaron las riendas del proceso dirigiendo la Comisión Nacional de Primaria.
Concretamente, el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, adelantó que citaría al presidente y a la vicepresidenta de la comisión, Jesús María Casal y Mildred Camero, respectivamente, por su supuesta implicación en un «fraude» en los comicios.
Ante esta situación, el CDH-UCAB solicitó la vigilancia de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos en los que Venezuela está adscrita, para velar por la protección de las personas que puedan ser perseguidas, criminalizadas u hostigadas por ejercer sus derechos políticos.
