Caso Albán se mantiene paralizado por retrasos de Fiscalía para entregar expediente
El 6 de noviembre, la Fiscalía debía entregar una copia certificada del expediente del caso. Tras ocho horas de espera, a la defensa del concejal se le pidió retirarse y regresar nuevamente la próxima semana
La estrategia del retardo judicial se aplica a vivos y muertos. Esa parece ser la «conseja» que aplica la Fiscalía General, que ha retardado la entrega del expediente completo sobre la muerte del concejal Fernando Albán a su equipo defensor.
El 8 de noviembre se cumple un mes de la muerte del concejal del municipio Libertador dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en Plaza Venezuela.
La Fiscalía venezolana afirmó que la muerte de Albán fue un suicidio, aunque opositores venezolanos aseguran que se trata de un asesinato. Mientras, el Parlamento Europeo ha solicitado una autopsia independiente para esclarecer el caso.
Joel García, apoderado judicial del concejal, indicó que pudieron acceder en primera instancia al expediente, y «pudimos detallar cada uno de los elementos que pesan en el expediente y por ello, con toda responsabilidad, aseveramos que Fernando Albán no se suicidio. Todo ello lo vamos a revelar en su oportunidad”.
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El 6 de noviembre, la Fiscalía debía entregar una copia certificada del expediente del caso. Tras ocho horas de espera, a la defensa del concejal se le pidió retirarse y regresar nuevamente la próxima semana.
“Vemos como trata de ocultarse una verdad que no podrá ser ocultada. Fernando Albán cumple un mes de fallecido y hasta ahora no hemos podido promover nada porque no tenemos el expediente”, destacó el abogado.
García explicó que hasta que Fiscalía no verifique folio con folio, no les entregarán la copia del expediente, lo que calificó como una maniobra de retardo para impedir que la defensa ejerza nuevas acciones.
Estamos en la presencia de una muerte que debe ser investigada», sentenció el abogado.
«Magnicidio» cuestionado
El concejal de Primero Justicia fue detenido el 5 de octubre por funcionarios del Sebin en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tras participar en reuniones externas de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Al momento de su detención, se le indicó que fue privado de libertad por su presunta vinculación al “magnicidio” contra Nicolás Maduro, porque así se expresaba la orden de aprehensión dictada por el Tribunal Primero con competencia en terrorismo.
Tras estar formalmente desaparecido durante el fin de semana, fue llevado a un tribunal el domingo 7 de octubre. Este tribunal declinó conocer el caso y lo remitió a otro despacho con competencia en terrorismo, y el día de su presentación, murió en circunstancias que no han sido del todo esclarecidas.
El abogado Joel García se preguntó por qué al dirigente de PJ se le vincula al «atentado» contra Nicolás Maduro, cuando no fue mencionado por los presuntos autores materiales e intelectuales.
También reiteró la solicitud de una autopsia independiente, “porque sin una comisión internacional de forenses e investigadores autónomos no vamos a obtener la verdad de los hechos”.
A juicio de García, el Ministerio Público no cuidó las formas «de decir que se podía estar en presencia de una ayuda al suicidio o inducción al suicidio, porque esos son los delitos penados en Venezuela».
“Fernando Albán estaba bajo la custodia del Estado venezolano, y es responsable de todo lo que sucedió allí, y no como pretender imputar a dos funcionarios del Sebin, organismo que ha impedido que se les notifique de los delitos”, afirmó.
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El abogado mostró su desacuerdo con la imputación que hace la Fiscalía de quebrantamiento de funciones de la custodia. “Eso es un delito menor, lo que pretende el Gobierno es que se cierre el caso, y luego de que esto ocurra, decir que es cosa juzgada”.
