Casa Blanca: vemos muy de cerca y con mucha preocupación detención de Rocío San Miguel
Ya el 12 de febrero Estados Unidos había hecho un primer pronunciamiento considerado por factores de la sociedad civil como «tibio», pues si bien expresó que es preocupante la desaparición de Rocío San Miguel, dijo que su caso sigue una tendencia «de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos»
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, expresó su preocupación por la desaparición forzada de Rocío San Miguel, directora de la oenegé Control Ciudadano, e instó a Nicolás Maduro a retomar el cumplimiento del acuerdo de Barbados, firmado en octubre pasado.
«Somos conscientes de los informes de que Rocío San Miel y creo que algunos miembros de su familia han sido detenidos. Estamos presuntamente preocupados por eso. Este es un momento en el que, como he dicho antes, el señor Maduro necesita cumplir los compromisos que hizo en otoño sobre cómo van a tratar a la sociedad civil, a los activistas, así como a los partidos de oposición, e incluso aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran postularse a un cargo (público)», dijo el funcionario estadounidense en una rueda de prensa celebrada esete martes 13 de febrero.
Kirby también señaló que no entrará n especulaciones sobre qué exactamente sucedió en el caso de la activista Rocío San Miguel o qué podrían hacer desde Estados Unidos «como resultado, pero puedo decirles que estamos viendo esto de muy cerca y estamos muy preocupados por su arresto».
Ya el 12 de febrero Estados Unidos había hecho un primer pronunciamiento considerado por factores de la sociedad civil como «tibio», pues si bien expresó que es preocupante la acción ejercida por parte de agentes de inteligencia contra San Miguel, dijo que su detención, así como la de sus familiares, sigue una tendencia «de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos».
«Nos unimos a la comunidad internacional para instar a la liberación de todos los presos políticos, a que se ponga fin a la detención de sus familiares inocentes y retorno a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbado», siguió la embajada de EEUU para Venezuela en su cuenta oficial de X.
El caso de la activista Rocío San Miguel ha generado preocupación en la comunidad internacional, haciendo que desde organizaciones internacionales como Amnistía Internacional hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Hechos para Venezuela.
Estas instancias expresaron su preocupación por la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos, acusada por el Ministerio Público de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, por su presunta participación en la trama denominada «brazalete blanco».
Lea también: Misión ONU: Desaparición de Rocío San Miguel busca infundir temor a críticos de Maduro
El abogado Francisco Cox, integrante de la Misión ONU, afirmó que la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de Rocío San Miguel y su hija Miranda Díaz San Miguel cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al gobierno de Nicolás Maduro, «haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional».
También Marta Valiñas, presidenta de ese mandato de Naciones Unidas, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, declaró que esa acción por parte de agentes de inteligencia del Estado «no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores».
La jurista exigió al gobierno de Venezuela proporcionar información sobre el paradero de Rocío San Miguel y todos los familiares de la activistas que están detenidos y cuyos lugares de reclusión aún se desconocen. Además, señaló que corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal.
«Las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado», siguió Valiñas, en un comunicado publicado en la página web oficial de la Misión.
