Cartas y sanciones, por Julio Castillo Sagarzazu
Twitter: @juliocasagar
Decía Abraham Lincoln: “No se ahorca a la gente porque se roba los caballos. Se les ahorca para que no se roben los caballos” En las sociedades civilizadas, el objeto de una sanción no es solazarse en el castigo al delincuente. Si así fuera estaríamos en presencia del sadismo institucional, propio de los regímenes del horror y de las dictaduras. Efectivamente, el objetivo final de toda sanción es disuadir a los potenciales infractores a no quebrantar la ley. Posteriormente la civilización democrática ha incorporado la función de reeducación y reinserción del reo a la sociedad a la que ha lesionado con su conducta.
Esto que es cierto a nivel de un estado particular, lo es también a nivel de las organizaciones que se han creado a nivel internacional. De hecho, la Corte Penal Internacional es el pináculo de ese sistema que los países han convenido en crear para proteger los mismos valores y evitar que las “inmunidades” de mandatarios y autoridades, les permita burlar la ley y violar los derechos humanos de sus nacionales o los de otro país, como acontece hoy con la brutal invasión de Putin a Ucrania.
Hoy se ha puesto de nuevo en el debate el tema de las sanciones que una parte importante de la comunidad internacional ha dictado contra autoridades y contra el Estado venezolano. La mayoría de ellas fundadas en la evidencia de graves violaciones a los derechos humanos y políticos de los venezolanos.
En el caso de los Estados Unidos, las sanciones se han dictado, tomando como base legal un decreto emitido por el presidente Obama y ratificado por Trump y recientemente por Biden, mediante el cual, se declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos.
Sobre el particular valdría la pena afirmar que ciertamente Venezuela no es ninguna amenaza militar para los Estados Unidos. En realidad, la seguridad de un país, no atañe solo a la esfera de la defensa militar de sus fronteras o de su integridad territorial. El fundamento de este decreto es la evidencia, no controvertida, de las amistades peligrosas tanto de Chávez como de Maduro.
Recordemos su relación con Sadam Hussein; las espadas de Bolívar repartidas entre todos los enemigos de los Estados Unidos; los vínculos evidentes y públicos con Hezbolah; el homenaje al jefe de la Guardia pretoriana de los Ayatolas en el ministerio de la Defensa; los pasaportes venezolanos incautados en aeropuertos europeos a terroristas del medio oriente y, aún más grave que todo esto: El efecto corruptor del dinero opaco que sale de aquí y que ha sido lavado en inmuebles e inversiones norteamericanas, tocando a funcionarios y lobistas y amenazando con hacer metástasis en sectores más amplios de la sociedad. Todo eso sin contar el peligroso efecto social de la emigración irregular de más de 6 millones de compatriotas que se ha convertido en un tema de seguridad, no solo para USA, sino también para todos los países latinoamericanos.
Lo que hemos enumerado son hechos que, de acuerdo con la doctrina de seguridad de los Estados Unidos y muchos países europeos, pueden dar lugar a reacciones de defensa, una de las cuales es la de imponer sanciones a los gobiernos que consideren potencialmente hostiles o peligrosos que es lo que ha acontecido con Venezuela.
Dicho esto, no podemos negar que estas sanciones afectan también a los venezolanos comunes y corrientes. ¿Cómo podríamos negar esto? ¿Cómo podríamos censurar que los venezolanos busquemos la manera que, en el marco de un proceso de negociación, estas sanciones sean aliviadas y que se concerté un progresivo levantamiento versus un cambio de conducta del régimen en relación con los hechos que le dieron origen? Desgraciadamente, no es esto lo que está ocurriendo.
Quien esto escribe, no es especialista en política norteamericana, pero no cabe duda de que una carta dirigida a Biden por un grupo de venezolanos no tendrá probablemente mucho recorrido. Hasta la visita de sus funcionarios a Caracas pareciera que no tendrá mayor repercusión después de las tormentas que desató entre los propios demócratas. No vemos a Biden, en vísperas de la elección de “mid term” alborotando ese avispero, nada más que porque quiere un poquito de petróleo venezolano para sus reservas estratégicas. Le sale más barato políticamente, comprarlo en Colombia, México o Canadá. Tampoco vemos a Maduro desentendiéndose de Putin (ya lo llamaron al botón en Turquía) y quebrando lanzas en favor de un acuerdo con Biden. No le interesa.
La situación en Venezuela tampoco ayuda “argumentalmente” hablando. Para tragedia del régimen y varios de sus aliados, “Venezuela se está arreglando” y está mejor hoy que antes de las sanciones. Antes de las sanciones hacíamos largas colas por un paquete de harina Pan. Hoy los supermercados están a reventar de cualquier producto. De manera que la campaña por el levantamiento de estas sanciones está un pelo desfasada en el tiempo. El argumento de que las sanciones no han sacado a Maduro es cierto, pero también lo es que sin sanciones tampoco salieron ni él ni Chávez. Es ahondar en un falso dilema continuar por ese camino.
Por otro lado, y opinando ya en el tema político del país, nos parece que este tema de las sanciones no es una prioridad en el debate opositor. A nuestro juicio, la prioridad, en este momento, es otra. Es justamente aprovechar este impulso espiritual de decenas de miles de venezolanos que han logrado burlar las leyes intervencionistas y que con su trabajo han ido progresando y saliendo adelante obligando al régimen a hacerse el policía de Valera y “dejar hacer y dejar pasar” para que la mano invisible del mercado no le de otra bofetada. Organizar ese sentimiento y aprovechar que ahora hay menos dependencia de los mecanismos de control social del gobierno, si es una tarea importante.
También deberíamos estar ocupados en desenredar la madeja de las contradicciones internas; en tener una política común ante el desafío de unas eventuales elecciones presidenciales. Deberíamos igualmente estar montados en una campaña por la derogación definitiva de todas las normas que asfixian la economía que siguen pendiendo como espada de Damocles sobre todos; por la libertad de los presos de conciencia y la restitución de los derechos políticos de todos los venezolanos.
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El tema de las sanciones y las cartas pasarán. Al final, como nos dice Serrat, después de la fiesta: “vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas” De seguro habrá otros temas en el debate y aunque el anterior se olvide, seguiremos mostrándonos desunidos y sin estrategia común. Todo eso está en la columna del “Debe” de nuestra lucha y en la región del cerebro donde se almacena los rencores y las facturas.
Definitivamente, hay que retomar los temas importantes del debate y pasar de largo los que no lo son.
Julio Castillo Sagarzazu fue diputado en representación del estado Carabobo en el Congreso de la República y fue alcalde de Naguanagua
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