CAPturados, por Teodoro Petkoff
Ayer llegó a la Fiscalía el caso FIEM. Es decir, el caso de la malversación de 2,3 billones de bolívares. En honor a la verdad, aquí no habría mucho que investigar, porque se ha producido lo que llaman «confesión de parte», que, según reza el aforismo jurídico, «releva de pruebas». El delito cometido ha sido confesado por sus autores. El ex ministro Merentes admitió que había dispuesto de ese dinero para fines distintos a los que estaba destinado. El propio Chávez, intentando explicar las razones de esa conducta irregular, dijo que teniendo que optar entre violar la Ley de Presupuesto y la Ley del FIEM, habían escogido violar esta. O sea…
Las justificaciones del delito son irrelevantes a los efectos de un juicio. Y en este caso, todavía menos. Porque si se trataba de sueldos, salarios y aguinaldos, estos estaban presupuestados. Peor aún, si a finales de noviembre se había aprobado otro crédito adicional, por un billón y pico, supuestamente para completar los tres meses de aguinaldos, entonces hay más plata todavía de la cual no se conoce el destino. Si los 2,3 billones fueron para aquellos propósitos, ¿qué se hizo con el billón de noviembre?
La misma investigación deberá determinar si, además de malversación, fueron cometidos otros delitos, como peculado, apropiación indebida, etc, pero el de malversación, por lo pronto, está clarísimo. Malversación, contra lo que parece creer Chávez, quien en su defensa dice que no ha habido robo de dineros públicos, no implica necesariamente esto. Malversar puede favorecer otros delitos, pero, en principio, no es otra cosa que utilizar dinero de una partida presupuestaria con fines distintos a los previamente asignados, sin aprobación del Parlamento. Por eso, aunque se discute si se trata de un delito penalmente punible o de una falta administrativa, la Ley de Salvaguarda lo tipifica como delito penalmente sancionable precisamente porque el desorden administrativo que lo hace posible puede facilitar la comisión de otros delitos, estos sí indiscutibles.
De modo que en este caso los hechos están perfectamente claros. Esto no es como lo de CAP, con los 250 millones de bolívares de la partida secreta. En ese entonces hubo que llevar a cabo largas y engorrosas experticias para seguir el rastro del dinero malversado y, además, por la naturaleza secreta de la partida, nunca se supo en qué fue utilizado. Ahora no. Los autores de la malversación la han admitido, la han explicado, e incluso, han tratado de justificarla. La Fiscalía no necesita más nada para actuar. Su rol, como garante de la legalidad de los actos del gobierno y el Estado, la compromete a actuar con celeridad. La Contraloría debería investigar (bueno, es un decir, desde luego) otros aspectos respecto del uso del dinero, pero la ilegalidad de su desviación es flagrante y ante esto Isaías no tiene mucho que esperar para proceder.
