Canciller español contacta a su homólogo venezolano para preguntar por Rocío San Miguel
El gobierno español informó oficialmente que conversó telefónicamente con representantes de la administración de Nicolás Maduro, para pedir información sobre la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, habló con su homólogo venezolano, el canciller Yván Gil, sobre la detención de la activista hispanovenezolana y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, arrestada hace ocho días en Venezuela.
Fuentes de Exteriores han informado de que Albares ha mantenido una conversación telefónica con Gil este sábado 17 de febrero, en la que se ha interesado por la detención de San Miguel y también por la situación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela, cuya actividad ha sido suspendida por el Gobierno de Caracas, según reportó la agencia EFE.
En paralelo, el cónsul español en Caracas ha mantenido su primera reunión con Miranda San Miguel, la hija de la activista de DDHH que también estuvo desaparecida durante varias días, según medios locales. La joven, que también cuenta con nacionalidad española, sufre medidas cautelares que le impiden regresar a Madrid, su residencia habitual y donde el año pasado se graduó de Periodismo en la Universidad Complutense, reseñó el diario español El Mundo.
San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fue detenida el viernes 9 de febrero junto a varios familiares, incluida su hija.
El Gobierno venezolano acusa a la abogada de «la presunta comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación» y la Fiscalía indica que está «presuntamente vinculada» con una conspiración contra el presidente, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios venezolanos.
Organizaciones y activistas de la sociedad civil venezolana han convocado una protesta para el martes 20 de febrero frente a la sede de la Embajada de España en Caracas.
Numerosas organizaciones han condenado la detención de la activista, han manifestado su preocupación y han exigido al Gobierno de Venezuela que respete sus derechos.
El pasado jueves 15, el Gobierno de Venezuela anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas y les dio plazo de 72 horas para que sus representantes abandonen el país. La expulsión de funcionarios de organismos de DDHH ha ocurrido en años anteriores, entre ellos, el caso de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.
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