Calculan en $15.000 millones activos de Venezuela en el exterior susceptibles a demandas
Diputados de la Asamblea Nacional señalan que hay demandas en el exterior en ejecución o con potencial de ejecución, equivalentes a $15.000 millones correspondientes a activos de Venezuela en el exterior
La recuperación de activos de Venezuela en el exterior sigue siendo tema de preocupación para el gobierno interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, la cual ha aprobado en plenaria las leyes necesarias para la protección y manejo posterior de los recursos. Diputados aseguran que las acciones van dirigidas a evitar que la administración de Nicolás Maduro haga uso indebido del patrimonio de la Nación y que acreedores externos puedan tomarlas de manera forzosa a través de juicios en tribunales internacionales.
El vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado Luis Silva informó este jueves nueve de julio que existen demandas en el exterior en ejecución o con potencial de ejecución, equivalentes a 15.000 millones de dólares correspondientes a activos de Venezuela en el exterior, sin incluir la empresa Citgo Petroleum Corp. con sede en Estados Unidos.
El parlamentario refirió además que el gobierno interino se encuentra trabajando en la recuperación de 500 millones de euros depositados en la entidad Novo Banco en Portugal, por lo que espera que «el gobierno de Portugal nos de un trato parecido al que dio el gobierno británico a la junta Ad hoc del BCV (Banco Central de Venezuela) para mantener la custodia del oro de las reservas internacionales».
Recordó que la deuda venezolana asciende a $140.000 millones, «una cifra jamás vista en la historia del endeudamiento del país», por lo que se hace necesario buscar los mecanismos para proteger los activos de la nación y «no caigan en manos de acreedores aliados al régimen (…) se trata de evitar el desangramiento de los recursos de la República».
Las declaraciones del diputado Silva fueron esgrimidas durante una rueda de prensa para explicar los alcances de la Ley especial de Contrataciones Públicas asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado venezolano en el extranjero, aprobada este jueves por el parlamento. Al respecto, indicó que la elaboración de la normativa fue producto de un trabajo que duró un mes en el cual se escucharon las opiniones y asesoramientos de varios actores de la vida nacional.
Explicó que la ley es una herramienta que permite acceder a la recuperación de activos en el exterior y que según lo que se ha detectado en su mayor parte están en nombre de miembros de la administración de Maduro. «Estamos haciendo todo lo posible para que vuelva a su respectivo dueño que es el Estado venezolano. El monto de los activos y de los recursos es una cifra que no podemos auditar porque a cada rato sale cosan nuevas».
El diputado Silva destacó que uno de los incentivos en la normativa legal para llegar a recuperar los activos venezolanos, es lo referido a la llamada «prima por éxito», la cual comprende una comisión de 9% sobre el valor del activo para aquella persona natural o jurídica que logre obtener resultados satisfactorios para la Nación. «Quien lleve a cabo las gestiones y no tenga éxito, no tendrá pago alguno, pero se quiere premiar el esfuerzo de la persona y/o la empresa que si lo logre. Es importante obtener 95% de algo y 100% de nada. Es decir, no se está arriesgando dinero que no tenemos».
Reiteró que la protección y recuperación de los activos «evitar que esos recursos sigan siendo objeto de la corrupción y vayan a parar a las arcas de los corruptos o para reprimir al pueblo de Venezuela. En segundo lugar, esto es una contienda épica, una batalla y es esencial cortar la fuente de financiamiento del enemigo. No es adversario un régimen que trajo el hambre al venezolano y que ha destruido el aparato productivo del país».
Proteger de acreedores
Por su parte, Enrique Sánchez Falcón, procurador especial especial designado por el gobierno interino, afirmó que la ley pretende completar la regulación jurídica del sistema de administración financiera en tiempos de usurpación. Acotó que el gobierno interino ya ha tomado posesión de algunas actividades y es por eso las nuevas regulaciones que se están adoptando.
Explicó que se busca regular las contrataciones publicas que pueda hacer el gobierno interino, especialmente de servicios financieros y legales, es decir, permite contrataciones de diversos tipos menos las de obras. Acotó que no se trata de sustituir la Ley de Contrataciones Públicas vigente.
«Está previsto la contratación de servicios profesionales que permitan la recuperación y defensa de los activos en el extranjero. La decisión de contratar debe ser hecho por los entes que estén necesitados por los servicios y en coordinación con la Procuraduría y la Contraloría. Se trata de hacer todo con transparencia, claridad y responsabilidad», dijo Sánchez Falcón.
Indicó que para la selección de los contratistas además de ser aprobado por la Procuraduría y la Contraloría y las juntas ad hoc de las empresas involucradas, debe ser sometida a un consejo de defensa nacional, integrado por juristas de prestigio nacional e internacional académico, el cual se constituirá próximamente.
Sostuvo que la ley aprobada este jueves por la AN y que consta de 20 artículos, establece los mecanismos para la designación de los contratistas y los cuales contempla una selección simplificada que garantice la transparencia, un informe de resultados de los servicios contratados, varios mecanismos de adjudicación, entre otros.
Aunque el Procurador especial sostuvo que entre los activos venezolanos en el exterior susceptibles de recuperación se encuentran cuentas, depósitos bancarios e instrumentos financieros de cualquier naturaleza, «incluso muchos de ellos que están escondidos» o en poder de testaferros, prefirió mantener en reserva la identificación de algunos de esos recursos para evitar poner en alerta a la administración de Maduro y a los acreedores.
«Acreedores hay por todas partes, preferimos mantener en reserva los demás activos que queremos recuperar en el exterior (…) El objetivo es acumular activos que nos van a permitir construir el país en cuanto cese la usurpación», afirmó Sánchez Falcón.
